El concurso público para elegir a la primera autoridad de la Defensoría Pública avanza con irregularidades en las que habría recaído la comisión ciudadana de selección, respecto de la designación de los catedráticos que elaborarán los cuestionarios para los postulantes.

La elección de esta autoridad alcanzó la calificación de méritos y un grupo de catedráticos empezó con la elaboración del banco de preguntas y casos prácticos a los que deberán responder los quince postulantes que participan en el proceso.

Acciones de protección complican los concursos para elegir al contralor y al defensor público

Sin embargo, la selección de los catedráticos se habría realizado sin la presencia de la notaria pública, de acuerdo con lo que establece el reglamento de designación de esta autoridad.

Publicidad

La comisión ciudadana había decidido elegir a una notaria diferente a la que designó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el 2021.

El artículo 6 de la normativa dispone que es el pleno del CPCCS el que seleccionará por sorteo de la nómina de notarios, al notario que dará fe pública de los actos que se realicen dentro del concurso de selección.

Por ello, el 14 de diciembre del 2021, el CPCCS realizó el sorteo del que sobresalió la designación de la notaria principal María del Pilar Flores Flores y como suplente a María Augusta Peña Vásquez.

Publicidad

Flores ha venido dando fe de los actos que se han desarrollado en el concurso, como la designación de los diez miembros de la comisión ciudadana.

Pero, el pasado 23 de enero de 2023, la comisión ciudadana resolvió hacer un sorteo paralelo y eligió a Rocío García Costales como notaria principal y a Paola Andrade como suplente, para que participen en el sorteo de los catedráticos que elaborarán el examen de conocimientos y los casos prácticos.

Publicidad

Aunque el pleno del CPCCS no ha resuelto sobre esta resolución de la comisión ciudadana, hay preocupación en los departamentos internos que alertaron sobre este hecho, porque la facultad de designar al notario es del pleno y no de las comisiones ciudadanas.

Por lo que se habría “transgredido” las normas respectivas y como efecto de ello habría una afectación a la “seguridad jurídica”, se informó de manera extraoficial.

Pese a esta alerta, la comisión, en una sesión de este 21 de marzo, posesionó a siete catedráticos divididos de la siguiente forma: un catedrático experto en derecho penal; un catedrático en derecho de familia; dos catedráticos expertos en derecho constitucional; dos catedráticos expertos en derecho procesal; y, un catedrático experto en derecho laboral.

Ellos son: Nichy Bravo para derecho penal; Joe Espinoza en derecho laboral; Armando Aceldo y Víctor Coronel, en derecho constitucional; Lidia Villamar, en derecho de familia; Margarita Rivera y Daniel Prócel, para derecho procesal.

Publicidad

Ellos iniciaron desde este 22 de marzo la producción de un banco de 60 preguntas, que tendrá una valoración de máximo 30 puntos para los postulantes, cuyo objetivo es conocer su nivel de conocimientos.

Los catedráticos tienen un término de cinco días para elaborarlo y serán preguntas objetivas y de opción múltiple, que se caracterizarán por ser coherentes, que no sean repetitivas y no den lugar a confusión o ambigüedades, determina el reglamento.

El cuestionario deberá estar bajo reserva y el equipo de docentes en conjunto con un equipo de seguridad informática serán los únicos autorizados para conocer las preguntas y guardarán absoluta reserva sobre estas; responderán civil y penalmente en caso de difundirlas.

De ser el caso están obligados a “hacer público cualquier intento de vulnerar la reserva de las preguntas, por parte de cualquier persona, incluyendo los miembros de la comisión ciudadana de selección, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, los postulantes, o cualquier otra persona ajena”.

Por el momento, la comisión aún no ha convocado a rendir el examen escrito, pero aquellos concursantes que no asistan serán descalificados.

Una vez que han rendido el examen escrito, la comisión convocará al examen práctico para dentro de los siguientes tres días y su finalidad es conocer la inmediación y oralidad para desempeñarse como defensor público.

De forma paralela a la elaboración del examen escrito, la comisión ciudadana aprobó el 10 de marzo último el informe de calificación de méritos sobre 50 puntos de quince candidatos que aspiran a ser defensor público. Entre ellos están:

  1. Rodrigo Frías con 48,5
  2. Jorge Ballesteros con 47,5
  3. Ricardo Morales con 44, 5
  4. Inés Romero con 42,25
  5. Byron Guillén con 39,5
  6. Wilson Ortega con 38,5
  7. Margarita Gualotuña con 37,75
  8. Yolanda Yerovi con 36,5
  9. María Belén Corredores con 36
  10. Patricio Vaca con 35
  11. Pablo Saltos con 32,5
  12. Walter Pico con 31
  13. Edwin Portero con 28,75
  14. Jorge Torres con 28,5
  15. Santiago Ochoa con 27,5

La Defensoría Pública está presidida actualmente por Ángel Torres Machuca, quien asume el cargo como autoridad encargada desde el 2018, por decisión del Consejo de Participación Ciudadana de transición.

En tanto, sobre el concurso público para la renovación parcial de dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), se receptarán las postulaciones ciudadanas desde este 21 de marzo hasta el 3 de abril próximo. (I)