Desde el jueves 18 de enero pasado corren ya los 20 días término que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dio a la Dirección Nacional de Talento Humano de la institución para presentar a la Dirección General los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El presidente temporal de la Judicatura, Álvaro Román, y los vocales Yolanda Yupangui y Fausto Murillo, de forma unánime, declararon la “nulidad insanable” total del Concurso Público de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social que fue iniciado el 28 de julio pasado por el CJ, dirigido en ese momento por Wilman Terán. El proceso ya estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el 18 de diciembre pasado una acción de protección planteada por el Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.
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La jueza Segarra decidió aceptar el pedido de Paúl Ocaña, presidente de ambas organizaciones de abogados accionantes, y ordenó que el Consejo de la Judicatura suspenda el concurso hasta que el pleno del organismo resuelva sobre lo actuado y los reclamos de los aspirantes a ocupar esas funciones.
Suspendido concurso de elección de jueces hasta que el Consejo de la Judicatura resuelva reclamos
El concurso que recibió críticas y pedidos de suspensión y nulidad desde muchos sectores del sector justicia e incluso del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, en el momento en que se suspendió se encontraba en la etapa de oposición, en la que quedaban en carrera 136 postulantes y solo faltaban por cumplirse las fases de impugnación ciudadana y entrega de resultados que, según el cronograma del concurso, debía darse a inicios de febrero de 2024.
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“(...) Creo que el concurso tiene que nulitarse. No se puede concebir que un concurso para el más alto tribunal de justicia del país esté lleno de cuestionamientos de abogados, profesionales, de observadores internacionales”, indicó en su momento el presidente Saquicela.
La decisión tomada por los vocales Murillo y Yupangui, y por Román, presidente temporal de la Judicatura en reemplazo de Wilman Terán, quien mantiene orden de prisión preventiva en los casos Metástasis, por delincuencia organizada, e Independencia Judicial, por obstrucción de la justicia, habría obedecido a la identificación de varias anomalías detectadas en las distintas fases del concurso que contravinieron los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad que rigen el proceso.
Además, el nuevo pleno del CJ advirtió irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas o penales. Una buena parte de decisiones sobre este concurso fueron tomadas por Wilman Terán, como presidente, y por el vocal Xavier Muñoz, quien aún mantiene la vocalía en la Judicatura, pero se encuentra con orden de prisión preventiva en el caso Independencia Judicial.
El exdirector del CJ Santiago Peñaherrera sostiene que para el nuevo concurso se debería hacer una revisión del reglamento existente y del instructivo del concurso, para que así no ocurran los problemas que se dieron anteriormente. Por ejemplo, recordó, en la prueba de confianza los propios postulantes ni siquiera conocían con cuántos puntos se aprueba.
Para Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, la decisión tomada por el pleno del CJ significa que siempre tuvieron la razón de que el concurso no solo debía suspenderse, sino anularse.
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Cree que lo que debería confirmarse es la reconfiguración del pleno de la Judicatura, es decir, principalizar a la vocal Solanda Goyes en lugar del procesado penalmente vocal Muñoz. El Colegio de Abogados de Pichincha solicitó en su momento la renuncia del presidente Wilman Terán y de los vocales Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo, los dos últimos quienes perdieron sus cargos al ser llamados a juicio por el delito de tráfico de influencias.
“Se deben tomar todas las medidas del caso para que en las mejores condiciones se convoque al concurso para la renovación parcial de jueces de la CNJ. Esto significa que se tendrá que revisar el reglamento para ver si requiere una precisión o ajuste. Una vez que el reglamento esté afinado, entonces se dará paso nuevamente al concurso. (...) El CJ tiene una grave responsabilidad que es la de garantizar un concurso limpio, transparente, en el que sea por los méritos que se determine a los nuevos jueces de la Corte Nacional y no ningún movimiento oscuro, como ocurrió en el concurso anterior”, explicó Guzmán. (I)