Con resolución de última instancia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los movimientos políticos Concertación y Unión Ecuatoriana perdieron su personería jurídica. Sus representantes legales acudirán a la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado.

El 27 de noviembre de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la cancelación definitiva de cinco grupos políticos: Fuerza Ecuador (FE), Concertación, Ecuatoriano Unido, Unión Ecuatoriana y Justicia Social.

Sus representantes legales plantearon ante el TCE recursos subjetivos contenciosos electorales para echar abajo la decisión del Consejo, que se motivó en que no alcanzaron el umbral de votos en los comicios seccionales del 2019 y las generales del 2021 para mantener su inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas.

No obstante, en el caso de Concertación lista 51, que la constituyó el catedrático y político César Montúfar; y Unión Ecuatoriana lista 19, creada por el exfiscal de la Nación Washington Pesántez, su extinción se ratificó con sentencias de última instancia en el pleno del Tribunal.

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Consejo Electoral resolvió la extinción definitiva de cinco organizaciones políticas nacionales

Respecto de las otras tres agrupaciones, aún hay recursos de apelación en trámite.

El CNE esgrimió como causales de cancelación en el caso de las cinco agrupaciones que no obtuvieron el 4 % de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o al menos tres representantes en la Asamblea Nacional; o al menos el 8 % de alcaldías; o, por lo menos, un concejal en cada uno de al menos el 10 % de los cantones, establecido en el numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia.

Concertación y Unión Ecuatoriana alegaron que dicho artículo era inaplicable a ellas, pues las reformas al Código entraron en vigor en el 2020, por lo que no se les podría aplicar con retroactividad. Ello, porque antes de las reformas, esta causal de cancelación se aplicaba a los partidos y no a los movimientos.

Sin embargo, el TCE concluyó que no están exentas de cumplir con los requisitos legales para mantener su inscripción.

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La cancelación de Concertación se resolvió con los votos de los jueces Arturo Cabrera (concurrente), Patricia Guaicha, Joaquín Viteri, Fernando Muñoz y Guillermo Ortega.

Su representante legal, Alfredo Carrasco, calificó de “totalmente ilegal” la decisión, pues cree que es una aplicación de la ley de manera retroactiva.

Anticipó que presentarán una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, a lo que consideró una sentencia violatoria de sus derechos de participación política. “Es increíble que un Tribunal aplicando la ley, pero de manera retroactiva, ha tomado esa desafortunada decisión”, recalcó.

Así las cosas, no desestimó que sus militantes y posibles candidatos para las elecciones seccionales del 2023 no puedan participar, pero prefirió no anticipar ese escenario, mientras inician diálogos con otros movimientos políticos.

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El fallo que ratifica la extinción de Unión Ecuatoriana se aprobó por los magistrados Arturo Cabrera, Patricia Guaicha, Ángel Torres, Fernando Muñoz y Joaquín Viteri.

Washington Pesántez recriminó también que se esté aplicando el Código de la Democracia de forma retroactiva. “Hay intereses extraños y creo que esto viene inclusive del mismo Gobierno para evitar nuestra participación”, comentó.

Dijo que presentarán una acción extraordinaria de protección ante la CC y su aspiración es que se les dé prioridad para su análisis hasta abril, por lo menos. Porque si se resuelve después de que se convoque a elecciones “nos dejarían sin la posibilidad de participar”, lamentó.

El partido político Fuerza Ecuador lista 10, que ahora dirige el expresidente Abdalá Bucaram, está en un proceso de apelación ante el Tribunal.

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El recurso subjetivo en contra de la resolución del CNE la planteó Xavier Aguirre Rodríguez, como director nacional encargado. Pero el juez Fernando Muñoz la archivó, pues no se logró constatar que Aguirre sea el legitimado activo del partido.

En el CNE no consta la formalización del encargo de la dirección nacional de FE que se haya dado, por ejemplo, con un acta de una asamblea.

De esta manera se concluyó que Aguirre carecía de legitimación activa para interponer el recurso el 2 de diciembre pasado, pues esta “no es una simple formalidad, sino una solemnidad sustancial, cuya falta podría acarrear nulidad procesal”, cita el auto suscrito por el juez Muñoz.

Con ello, se archivó la causa. Aunque Aguirre apeló al auto de archivo y la causa fue admitida a trámite por la jueza Guaicha.

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La cancelación de Justicia Social lista 11, fundado por Jimmy Salazar, está en fase de apelación a la sentencia de primera instancia dictada por el juez Cabrera, quien rechazó el recurso subjetivo a la resolución del CNE.

En similar situación está la dirigencia del movimiento Ecuatoriano Unido, cuyo representante legal, Julio Loayza, ingresó un recurso subjetivo que está en trámite del magistrado Fernando Muñoz.

Mientras no se resuelvan estas causas, la resolución de cancelación emanada por el CNE se mantiene en firme, por lo que no pueden realizar ninguna actividad política o electoral. (I)