La Comisión de Fiscalización pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, una prórroga de cinco días para aprobar el informe no vinculante de la sustanciación del trámite de juicio político a la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes.
La moción para solicitar extender los plazos la presentó la legisladora Ana Belén Tapia, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), y se aprobó con seis votos a favor y tres abstenciones, en la sesión del 30 de julio de 2025.
En este sentido, la solicitud se enviará a Olsen, quien deberá pronunciarse sobre este pedido de prórroga.
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De concederse el plazo de cinco días, el informe final se conocerá hasta el próximo 4 de agosto en la Comisión de Fiscalización. Luego pasará al pleno de la Asamblea Nacional, previa convocatoria del titular del Parlamento.
El plazo que tenía la Comisión de Fiscalización para la aprobación del informe de este trámite de juicio político vence este miércoles, 30 de julio. El equipo técnico de la mesa parlamentaria informó que el documento borrador está casi listo.
Sobre el trámite de juicio político
El proponente del proceso de fiscalización es el legislador oficialista Fernando Jaramillo (ADN), quien acusó a la vocal Solanda Goyes de incumplimiento de funciones por un presunto “boicot institucional” al “obstaculizar” la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
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El asambleísta argumentó que la vocal abandonó injustificadamente una sesión del pleno de la Judicatura, que trataba la elaboración de este reglamento.
Por su parte, Goyes ha defendido que no hay motivos para el enjuiciamiento político en su contra y alegó que ha sufrido presiones en la Asamblea Nacional, con el juicio político; la Contraloría General del Estado, a través de una auditoría; y la Fiscalía General, por medio de una investigación.
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El 1 de julio, la funcionaria presentó por escrito sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización y afirmó que las acusaciones en su contra están “alejadas de la realidad”.
El 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objetivo de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tenía como fin viabilizar lo resuelto en consulta popular y permitir su designación.
En un documento, Goyes indicó los inconvenientes que ha tenido el órgano de administración de justicia para elaborar el reglamento para la selección de los magistrados especializados y las propuestas que desde su despacho ha emitido, pero que no fueron acogidas.
“El camino de este reglamento es tortuoso y no incorpora los criterios de especialización, experiencia, probidad y paridad; no se acogió nada de las observaciones y los textos presentados por la vocalía por mí presidida, y nunca se socializó con los sectores involucrados: academia, colegios de abogados, jueces, universidades”, dijo en su contestación a la Comisión de Fiscalización.
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La vocal del Consejo de la Judicatura recordó lo sucedido en el pleno el 16 de abril, cuando abandonó la sesión; y lo ocurrido el 22 de abril, cuando no asistió a la reinstalación, en la que se buscaba votar por el reglamento. Además, refutó que “en ningún momento la normativa constitucional o legal establece obligación de votar por propuestas que un vocal cuestiona”. (I)
