Con ocho votos de asambleístas del oficialismo y aliados, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
La mesa legislativa sesionó de manera virtual cerca de las 22:00 de este lunes, 23 de febrero de 2026, para conocer y debatir el documento que pasará a segundo y definitivo debate en el pleno de la Legislatura. Tras la incorporación de algunos cambios, el texto se aprobó cinco minutos antes de la medianoche.
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El proyecto de ley plantea reformas a la Ley de Minería sobre actos administrativos previos para ejecutar las actividades mineras; la patente de conservación; la etapa de exploración de la concesión minera; regalías a la explotación de minerales, entre otros.
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta reforma algunos aspectos de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, como el cumplimiento del plan maestro de electricidad por parte de las empresas privadas y estatales, el sistema de generación distribuida para autoabastecimiento, la autogeneración de energía, y más.
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Antes de abrir el debate, en la sesión se recibió en comisión general a María José Andrade, representante del colectivo Napo Ama la vida y a María Emilia Limongi, delegada del Viceministerio de Minas.
La activista sostuvo que la minería ha destrozado el territorio amazónico y observó que en la comisión se han hecho un análisis superficial de los riesgos de aprobar la ley. En este sentido, la vocera pidió que se mantenga la licencia ambiental, pues dijo que no hay un control efectivo de la minería en la Amazonía.
Por su parte, la delegada del viceministerio sustentó que con el proyecto de ley no se busca reducir ningún tipo de control ambiental ni se pretende desregularizar o eliminar estándares técnicos de control ambiental para los proyectos mineros. De hecho, dijo, se propone fortalecer los controles ambientales para que exista una claridad normativa para proteger a la naturaleza.
En el debate, los legisladores de la oposición como Diego Salas, Mabel Méndez y Comps Córdova, de la Revolución Ciudadana (RC), expresaron su preocupación por esta iniciativa y alertaron que la normativa, entre otras cosas, eliminaría la licencia ambiental, abriría la puerta para que las áreas mineras cuenten con protección de las Fuerzas Armadas y la Policía, en un régimen ordinario y mantiene la delegación de sectores estratégicos a privados.
Los correístas también criticaron que en la Comisión de Desarrollo Económico no se escuchó a colectivos ambientalistas, académicos y representantes de territorios afectados por la minería.
Desde el oficialismo, en cambio, los legisladores de ADN precisaron que la normativa mantiene los permisos y procesos para la explotación minera legal, por lo que se refuerzan los controles y el combate a la minería ilegal, a la vez que da seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera.
En este marco, asambleístas como Adrián Castro, Diego Franco y Alejandro Lara, de ADN, presentaron algunos cambios para el informe.
Castro pidió que se incorpore como disposición general un texto que disponga que se observen los resultados de las consultas populares o referéndum cuando estos hayan establecido prohibiciones o restricciones o condicionamientos territoriales para actividades mineras.
Franco planteó precisiones sobre los contratos de operación minera y la denominación de minería artesanal.
Mientras que Lara sugirió que se incorpore en la norma una disposición para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ajusten su plan de inversiones por una sola vez en caso de observaciones desde el Ejecutivo.
Tras añadir estos cambios al texto final, los comisionados votaron por el informe, mismo que fue aprobado con los votos de legisladores del oficialismo: Valentina Centeno, presidenta de la comisión, Diego Franco, Alejandro Lara, Steven Ordóñez, Álex Morán, Mishel Mancheno, así como de los aliados a ADN, Sergio Peña y David Arias, quienes antes eran de la Revolución Ciudadana.
Mabel Méndez y Diego Salas, del correísmo, votaron en contra.
Tras la aprobación del texto, el presidente de la Asamblea Nacional deberá convocar a los 151 legisladores al segundo debate de este proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente.
¿Qué dice el informe?
El documento aprobado aclara que no se amplía, restringe, modifica ni elimina la titularidad del Estado sobre los sectores estratégicos. Por el contrario, señala el texto, fortalece su régimen jurídico para asegurar que la explotación y gestión se realicen bajo principios de eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica.
La generación de renta minera y la sostenibilidad del sistema eléctrico son vistas como fuentes clave de divisas, ingresos fiscales y competitividad productiva. Por ello, la propuesta del Ejecutivo no responde a cambios aislados, sino a una estrategia integral para fortalecer sectores estratégicos y sostener el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos esenciales.
Seguridad
En cuanto a la seguridad, la reforma incorpora la figura de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica. Esta disposición prevé el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar personal e infraestructura crítica frente a la minería ilegal, el sabotaje y las ocupaciones ilícitas.
El informe aclara que esta medida no responde a una política criminal general, sino a la necesidad de proteger la continuidad operativa de un sector estratégico, en un contexto de estrechez fiscal y amenazas a la producción legal.
En el texto se señala que en las Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, en las que exista presencia de grupos criminales, las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, brindarán apoyo hasta neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de normalidad con los siguientes fines:
- Proteger la integridad del personal, instalaciones, infraestructura minera y activos estratégicos asociados a la actividad minera.
- Prevenir, disuadir y neutralizar actividades ilícitas que afecten la seguridad del área, incluyendo minería ilegal, sabotaje, ocupaciones ilegales y otras amenazas a la seguridad del Estado.
- Apoyar a las autoridades competentes en el control del territorio y en la preservación del orden, conforme a los protocolos interinstitucionales vigentes.
- La protección otorgada por las Fuerzas Armadas en las áreas mineras con protección de seguridad estratégica no sustituye las responsabilidades del titular minero en materia de seguridad industrial, ambiental y laboral, ni implica delegación de funciones privadas a la fuerza pública.
Minería en Galápagos
Respecto de Galápagos, se plantea un ajuste específico: en la provincia solo podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y concesiones bajo el régimen de pequeña minería para la extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción, dentro de las zonas de aprovechamiento sustentable (ZAS), y fuera del área del Parque Nacional Galápagos.
Además, se priorizarán criterios de economía circular, reutilización y optimización de recursos, y los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán emitir las ordenanzas correspondientes bajo supervisión de la autoridad nacional minera.
En la normativa se establece un plazo de tres meses para que la autoridad ambiental nacional actualice el catálogo de proyectos, obras o actividades vinculadas a la fase de exploración minera y actividad minera.
En síntesis, el texto para segundo debate sostiene que el proyecto no debilita la protección ambiental ni los derechos colectivos, ni modifica la propiedad estatal sobre los sectores estratégicos.
Su objetivo, según el informe, es modernizar la normativa, fortalecer controles, combatir la minería ilegal y asegurar que la minería y la energía contribuyan de manera sostenible a la estabilidad económica y al bienestar de los ecuatorianos. (I)