La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional iniciará un proceso formal de fiscalización respecto a los posibles abusos o vulneraciones de los derechos humanos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales en todo el país derivado del Decreto Ejecutivo n.º 126, que eliminó el subsidio al diésel.