Las organizaciones provida realizaron un manifiesto para expresar su postura de rechazo al proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo por violación.

“Proclamamos que toda vida humana es valiosa, única e irrepetible, y tiene dignidad propia, que no es concedida por el Estado ni se pierde por la edad, enfermedad o circunstancias adversas en las que fuere concebida”, detalla el documento firmado por 33 organizaciones y que fue emitido este lunes, 24 de enero.

En el manifiesto señalan que el Estado tiene por obligación proteger el derecho a la vida, sin excepción, tal como lo establece la Constitución, los tratados internacionales y todos los fundamentos científicos que evidencian la existencia del ser humano desde el momento de su concepción.

“A pesar de ello, durante los últimos meses nos han sumergido en un escenario muy injusto para todos los ecuatorianos que defendemos este derecho, ante las imposiciones de una Corte Constitucional, una Defensoría del Pueblo y una Asamblea Nacional que pretenden anular este fundamental derecho hacia el ser más indefenso, el ecuatoriano por nacer”, aseguran.

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Debido a eso, las organizaciones rechazan la injerencia internacional en la soberanía del país para promover el control poblacional. Además, sostienen que con este tipo de debates no se combate el delito de la violación ni se castiga a los violadores.

“Por ello, el día de hoy, con este pronunciamiento nos dirigimos a todos los legisladores para manifestarles nuestro apoyo en este camino, el correcto, y rechazar este proyecto de ley y cualquier otro que atente contra los principios constitucionales de nuestro país”.

Por último, las organizaciones recogen en su pronunciamiento que se suman a todas las iniciativas que permitan el derecho a una vida libre de violencia, tanto antes como después de nacer, aunando esfuerzos para que, incluso a través de una posible consulta popular, se blinden estos derechos, protegiendo a todos los niños desde la concepción y previniendo la violencia durante su vida, siendo muy necesario revisar las atribuciones que la Corte Constitucional ha demostrado en los últimos años, en su extralimitado actuar. (I)