Cinco solicitudes de juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez pasarán al archivo este jueves 7 de octubre, cuando se cumple el año de plazo que tenía la Asamblea Nacional para enjuiciarlo políticamente. El exfuncionario quedará absuelto de cualquier acusación política.

Los pedidos de interpelación se presentaron en contra del exministro Martínez en la última etapa de su cargo en el gobierno de Lenín Moreno. Hoy, el exsecretario de Estado permanece en Washington D. C., como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Constitución, en su artículo 131, determina que un exfuncionario puede ser enjuiciado políticamente hasta un año después de terminado su cargo; en el caso de Richard Martínez, él renunció al ministerio el 7 de octubre de 2020.

Desde que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó las cinco solicitudes de interpelación en contra de Martínez, el 21 de septiembre de 2020, el expediente permaneció un año en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional y nunca se notificó a la Comisión de Fiscalización.

Juicios políticos contra exministro de Finanzas, Richard Martínez, pasarán a la Comisión de Fiscalización a los cinco meses de su calificación en el CAL

Ese proceso fue calificado cuando aún estaba vigente la normativa que no establecía plazos para la notificación a la Comisión de Fiscalización una vez que el CAL revisaba el cumplimiento de los requisitos, pues quedaba a discreción de quien presidía la legislatura. Con las nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vigentes desde noviembre del 2020, la notificación no puede demorar más de cinco días.

Si la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en esta semana, reactiva el proceso y remite el expediente contra Martínez a la Comisión de Fiscalización, este no podrá ser tramitado porque al momento está en proceso un juicio político al exministro de Energía René Ortiz, pues el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el CAL remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso en el interior de la comisión. Esto es, deberá esperar que concluya la sustanciación contra Ortiz, para conocer la solicitud contra Martínez, para entonces el plazo ya habría finalizado.

Los pedidos de juicio los presentaron los ahora exasambleístas Jimmy Candell (IND), Yofre Poma (RC), Vicente Taiano Basante (PSC), Raúl Tello (BADI) y por el reelecto legislador Juan Lloret (UNES).

Las razones por las cuales se planteó el juicio a Richard Martínez tenían relación con la falta de asignación de recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados, incumplimiento con el pago a los maestros jubilados; afectación al presupuesto del sector educativo del país, incluido el superior; mal manejo de las obligaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, y mal manejo en el pago de la deuda externa, pues según los exlegisladores, Martínez priorizó el pago de deuda externa antes que la adquisición de insumos médicos para enfrentar el coronavirus.

El asambleísta Juan Lloret lamenta que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, siga encubriendo “a quien fue el causante de los hechos de octubre del 2019, que derivaron de un Decreto 883, recomendado por Richard Martínez, para el incremento del precio de los combustibles”.

Sin embargo, el representante de UNES considera que el juicio a Martínez no debería archivarse porque la solicitud y la respectiva calificación por parte del CAL se dio dentro del plazo que establece la Constitución para que un exfuncionario pueda ser enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional.

Lloret sostiene que su interpretación gira alrededor de que la presentación de la solicitud de juicio político se hizo dentro de los plazos y mientras Richard Martínez estaba en funciones como ministro de Economía y Finanzas y además fue calificado por el CAL; por lo tanto, el exfuncionario no se va a salvar de la interpelación, afirmó.

Entre las acusaciones contra Martínez, explica el representante del Azuay, está su responsabilidad en el manejo de la deuda externa, pues se pagó anticipadamente la deuda previamente a reuniones en Miami con los acreedores. Otro de los cuestionamientos se refiere al pago de la deuda en medio de la crisis sanitaria e inclusive la exministra de Salud Catalina Andramuño renunció denunciando que no se entregaron recursos para atender la emergencia derivada por el COVID-19.

Otra de las acusaciones se refiere al incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Reactivación Económica, en la que se establecía un plazo de 180 días para que el presidente de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera que era el ministro de Finanzas reduzca los costos de los servicios financieros, y el exfuncionario incumplió la Ley y demoró más de un año en reducir el costo.

Juicio a exministro Ortiz

La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, sustancia al momento el juicio político al exministro de Energía René Ortiz, acusado de incumplimiento de funciones. El pasado 28 de septiembre, la Comisión aprobó el calendario de comparecencias dentro de la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo.

Consejo legislativo aprueba el inicio del juicio político al exministro de Energía René Ortiz

Las comparecencias empezarán el próximo 11 de octubre con el exlegislador Héctor Yépez; el exgerente de la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) Diego Recalde; el actual ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo; y, el presidente de la Asociación de Usuarios, Alfredo Carrasco.

Los asambleístas Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC) son los interpelantes dentro del juicio político a Ortiz, pues sostienen que el exfuncionario fue quien dispuso el incremento gradual de los precios de los combustibles durante los últimos meses del anterior gobierno.

La sobrefacturación por el servicio de energía eléctrica durante el emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 es otra de las acusaciones en contra de Ortiz, quien enfrentó un proceso de juicio en el periodo anterior por pedido de los legisladores Mercedes Serrano y Dennis Marín (PSC), pero fue archivado el 1 de julio pasado, porque vencieron los plazos para la presentación del informe respectivo; además, estaba en curso el proceso de juicio en contra del excontralor Pablo Celi. (I)