La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención al Estado ecuatoriano a “tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia” en los centros de privación de libertad.

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En un comunicado divulgado este 23 de agosto, la CIDH condenó los acontecimientos de violencia ocurridos en las penitenciarías del país “que resultaron en que al menos 121 personas privadas de libertad perdieran la vida. La Comisión urge al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia, así como para prevenir la repetición de estos hechos”.

El organismo regional, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recoge datos oficiales de que los enfrentamientos entre las personas privadas de la libertad (PPL) dejaron 121 muertos y heridos en los centros penitenciarios del Azuay, Cotopaxi, Guayas, Manabí y Los Ríos.

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“La Comisión Interamericana advierte con preocupación que estas muertes se producen en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios”.

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En ese sentido, la Comisión reitera al Ecuador que tiene el “deber ineludible de adoptar medidas concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal” de las personas privadas de la libertad.

Entre ellas, implementar protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; incrementar personal destinado a la seguridad y vigilancia interior; imponer controles efectivos para impedir el ingreso de armas y objetos ilícitos, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas en las cárceles y garantizar la seguridad de los funcionarios, como los guías penitenciarios.

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Se solicitó “investigar de oficio y con diligencia los hechos de violencia que se registren en las cárceles y en particular las muertes de las personas”, que “no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables”. (I)