El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, quien fue consultado sobre la situación laboral de los funcionarios procesados en los casos Metástasis y Purga, dijo que al no existir conductas en el Código Orgánico de la Función Judicial para establecer sanciones iniciales, van a evaluar la situación legal de cada uno para ver si existen sumarios administrativos.
“Ellos tienen prisión preventiva y para que puedan tener una inhabilidad tienen que ser llamados a juicio”, declaró.
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Román recordó que la Fiscalía es la institución con mayor rango investigativo para poder encontrar los actos de corrupción de forma más precisa.
“La Fiscalía tiene técnicas como escuchas telefónicas, agentes encubiertos, situaciones en las que profundiza su investigación”, indicó.
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Asimismo, expresó su preocupación sobre las afirmaciones de que exdirectores provinciales, como María Josefa Coronel en Guayas, conocían de las presiones de actores políticos a operadores de justicia.
“Me preocupa porque si sabían eso debían haberlo denunciado”, manifestó y dijo que para corregir cualquier situación de este tipo han nombrado a directores provinciales sin afinidades políticas y con un perfil técnico.
Coronel explicó, en una entrevista con Notimundo, que los jueces corruptos siempre han existido pero que lo nuevo, para ella, es que estén vinculados al crimen organizado y al narcotráfico y que se presentaron, en su momento, denuncias contra jueces y jefes del Consejo de la Judicatura del Guayas.
“Cuando se fue Alfonso Ordeñana y yo estuve de directora esos últimos meses se rumoreaba de este maridaje entre el correísmo y Nebot que tenían el control en la justicia. Decían los jueces que yo caminaba por los pasillos y eso los asustaba”, aseguró.
En el mismo espacio explicó que con la llegada de Fabiola G. (también involucrada en el caso Purga) y Mayra S. en la comunicación, aumentaron los rumores y dijo que hubo que tener mayor cuidado.
Coronel denunció que el exlegislador Pablo M. habría liderado una campaña en su contra y las acciones que ejecutaba.
“Todos sabían a mi me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo por que yo se los decía y por eso ahora yo me río de cuando dicen no sé y por qué no dicen, sí nos equivocamos, pensamos que era malo, pero poquito y no así, pero con decir que no saben no estoy de acuerdo”, apuntó y aseguro que el exalcalde había sido advertido sobre la presunta influencia política que ejercía el exasambleísta de su partido Pablo M. y que no respondió.
Román fue consultado sobre el proceso de depuración en momentos en que funcionarios del CJ están implicados en los casos Metástasis y Purga y que lo que están haciendo es analizar caso por caso para realizar las desvinculaciones necesarias.
En tanto, en el marco del caso Purga, Pablo M., Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva, por el presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga.
El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, quien acusó a los tres en calidad de autores. Gustavo M. además es procesado en el caso Metástasis, pero gozaba de medidas sustitutivas.
En total son doce detenidos, de los cuales la Fiscalía pidió para uno la medida de arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad.
En ese sentido, tras analizar los elementos de convicción y alegatos de las defensas, el juez Cadena dispuso lo siguiente sobre los otros nueve procesados, quienes son señalados como colaboradores:
- Prisión preventiva para los jueces Henry T., Nelson P., Guillermo M., Alberto L.; Ruth S., procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Fausto A., primo de Pablo M.
- Prohibición de salida del país y presentación periódica: Mónica A., esposa de Pablo M.; y Saúl M., secretario judicial. El juez de la causa negó para ambos la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
- Arresto domiciliario: juez Reinaldo C., por tener 71 años de edad. Deberá usar grillete electrónico.
La fiscal Diana Salazar solicitó que las nueve personas que irán a prisión no sean enviadas a centros de rehabilitación donde se encuentran recluidos involucrados en el caso Metástasis.
La investigación del caso se inició el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra S., vinculada en el caso Metástasis, y del informe de la Policía Nacional sobre dicho dispositivo.
Según la teoría de la fiscal general, Diana Salazar, quien presentó un total de 119 elementos de convicción, Pablo M. sería el líder del grupo criminal que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial del Guayas para obtener beneficios económicos y materiales. Además habría gestionado favores para impulsar las candidaturas de Fabiola G. y Hugo Manuel González para que lleguen a la presidencia de la Corte provincial, respectivamente. (I)