Una decena de hechos tiene la Fiscalía General para probar que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue el “factor común” en la constitución de una estructura societaria para incurrir en el delito de comercialización ilegal de combustibles por el que es procesado en el caso Triple A.
Con ese mensaje, la agente fiscal a cargo de la investigación, Ruth Amoroso, abrió la fase de alegatos dentro de esta audiencia de juzgamiento que se instaló formalmente este domingo, 8 de marzo, a las 10:26.
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El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado compuesto por los jueces, Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata instaló la diligencia este domingo.
La agente Ruth Amoroso fue la primera en intervenir como parte acusadora y anunció que tiene diez hechos que probarán que en el ámbito de la comercialización de combustibles se articuló una estructura ilícita alrededor de varias empresas, en las que el “factor común” fue Aquiles Alvarez.
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Aseguró que esta estructura habría producido una afectación al Estado que bordea los $ 61’502.000 en la venta irregular de 22′777.191 galones de combustible subsidiado.
Enunció elementos como que Alvarez fue presidente de varias empresas, firmó contratos y vendió combustible, aparentemente, de manera irregular en las zonas de la frontera, como en El Oro y Loja.
Anunció que la acusación en calidad de autores del delito apuntan a los sospechosos Fernando Viteri, José Cevallos, Aquiles Alvarez, Raúl Zambrano, Juan Araujo, Fausto Vaca, Édgar Flores, Édgar Campoverde y Rosa Ortiz.
En calidad de coautores están los contadores Lady Cedeño, Jesenia Vélez, Carolina Troya, Juan Arias, Gloria Salazar, María Elisa Criollo y Olga Ortega.
Así como las empresas Fuelcorp S. A., Compañía del Petróleo y sus Derivados (Copedesa S. A.), Comercializadora de Combustible Corpalubri S. A., Terminal Naviero Petrolero (Ternape Petroleum S. A.), Indudiesel S. A. y Harsajudi S. A.
Como acusadores particulares están la empresa pública Petroecuador EP y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).
El director de la ARCH, Christian Puente, compareció a la diligencia y, al empezar su alegato, presentó un video que reproducía un efecto musical que no le gustó al juez, por lo que dispuso que se silenciara la reproducción.
Puente ofreció probar que en este momento judicial entre 2020 y 2024 esta estructura se dedicó a desviar combustible subsidiado por el Estado, lo que beneficiaba a la “cúpula del aparato de poder” y en la que el “negocio” era comprar barato y vender caro.
Varias expresiones del funcionario de Gobierno provocaron al procesado Aquiles Alvarez, quien interrumpió la transmisión virtual para exigir que no se refieran a ellos en términos que faltan al respecto, porque ellos son inocentes.
Después de la parte acusadora fue el turno de los abogados de los procesados, los cuales ofrecieron probar la inocencia de sus clientes.
Quedó pendiente escuchar el alegato de Ramiro García Falconí, abogado de Aquiles Alvarez y de otros sospechosos, debido a que a las 13:00 el tribunal suspendió la audiencia para reinstalarla el 14 de marzo a las 08:30.
Antes de instalar esta audiencia, el Tribunal Penal resolvió tres solicitudes de revisión de medidas cautelares, una de ellas del alcalde de Guayaquil para que se le dicte orden de prisión preventiva.
La fiscal Amoroso detalló a los jueces que el alcalde incumplió la anterior medida, que consistía en el uso de un grillete electrónico, por lo que la decisión más idónea debería ser la prisión.
Por unanimidad, el tribunal aceptó el pedido de Amoroso y Aquiles Alvarez cumplirá su segunda medida de prisión. (I)