La mañana de este miércoles, 16 de julio, el juez anticorrupción Renán Andrade reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Triple A, proceso penal en el que se acusa a 22 personas naturales y jurídicas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El séptimo día de diligencia arrancó pasadas las 09:45, luego de 22 días de estar suspendida la audiencia.
En lo que fue la última jornada intervino Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el anuncio de prueba documental, con lo que finalizó su dictamen acusatorio con el que pidió que se emita un auto de llamamiento a juicio como autores del delito investigado contra diez personas naturales y seis empresas, mientras que otras seis fueron acusadas en calidad de coautores.
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Para sustentar su dictamen acusatorio en contra de las 16 personas naturales, entre las que está Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y seis jurídicas procesadas en esta causa, Alarcón presentó más de 250 elementos de convicción recabados durante la etapa de instrucción fiscal.
Se recordó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinadora Zonal del Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en la que se puso en conocimiento sobre la existencia de discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.
La información obtenida en la instrucción fiscal revelaría que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras, es decir, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado.
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Asimismo, se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotor no podían adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos.
Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías, afirmó Alarcón.
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Entre los elementos de convicción presentados en audiencia están documentos de contratos y normativa legal vigente que evidenciaría que las empresas comercializadoras y sus representantes legales también tenían la obligación de verificar que los distribuidores autorizados no desviarán el combustible subsidiado entregado por Petroecuador hacia segmentos no autorizados.
Finalmente, los informes periciales expuestos en audiencia establecerían también irregularidades en la venta de combustibles por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minería ilegal.
En algunos casos, anotó el fiscal Alarcón, se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo, volumen incompatible con su capacidad operativa.
La tarde del domingo 22 de junio, la sexta jornada de audiencia concluyó con las primeras intervenciones de los abogados de la ARCH, una de las dos acusaciones particulares.
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Fue con esta participación que arrancó la jornada de este miércoles, 16 de julio de 2025. Luego participará la EP Petroecuador, como acusador particular; e inmediatamente será el turno de las defensas de las 22 personas procesadas.
Con base en las pericias anunciadas, la Fiscalía sostiene en Triple A que se habría cometido el presunto delito investigado en alta escala, al existir un perjuicio económico de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
Desde el lado de la ARCH, Christian Fuentes refirió: Después de esta larga suspensión retoman el hilo conductor de “una narrativa que se teje con la misma materia: la sistemática violación de la normativa hidrocarburífera en nuestras zonas más sensibles, las fronteras”.
La acusación de la ARCH se centró en la intervención de Jesenia Monserrat V. como coautora en su rol de contadora de la compañía Indudiesel S. A., del segmento industrial.
“Vemos una vez más cómo cada pieza, cada actor encaja perfectamente en este complejo rompecabezas. No estamos ante hechos aislados, sino ante un mecanismo bien engrasado, cuyo motor era la comercialización, el almacenamiento y la distribución sin la debida autorización de combustibles líquidos, derivados de hidrocarburos”, refirió Fuentes en la instalación.
A la diligencia, en su mayoría, los sujetos procesales y sus defensas asisten usando la vía telemática.
En el caso del alcalde Alvarez, se presentó por vía telemática su abogado defensor, Ramiro García Falconí. (I)
