En la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, el abogado defensor Ramiro García solicitó al tribunal que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sea trasladado a un centro de privación de libertad de Quito mientras se desarrolla la etapa de juicio.
Durante su intervención, García señaló que le resultó “imposible” comunicarse con su cliente debido a las intermitencias en la conexión durante la diligencia, por lo que pidió a los jueces que se garanticen plenamente los derechos de los procesados y las condiciones para ejercer la defensa. Alvarez permanece actualmente en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
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García solicitó al Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado, compuesto por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, que su defendido sea trasladado a una cárcel de Quito para continuar con la etapa de juicio.
En la diligencia, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, en Quito, García reclamó que fue imposible comunicarse con Aquiles Alvarez, quien está en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por las intermitencias en la conexión. Esto luego que el tribunal diera 45 minutos para que García y Fernando Chávez, abogado del procesado César Bravo Ibáñez, representante legal de la empresa Fuelcorp, hablen con sus defendidos.
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Las defensas de Alvarez y Bravo reclamaron la presunta vulneración del derecho a la defensa y criticaron que el SNAI no ha dado las facilidades para que los procesados se comuniquen con sus abogados.
En este marco, Ramiro García pidió al tribunal que se garanticen los derechos de los procesados y que el alcalde sea trasladado a un centro de privación de libertad donde se desarrolla la audiencia de juzgamiento mientas dure la etapa de juicio de este caso.
El proceso se efectúa ante un tribunal especializado en corrupción y crimen organizado dentro del caso Triple A, en el que la Fiscalía sostiene que habría existido una estructura societaria dedicada a la comercialización ilegal de combustibles subsidiados.
Según la acusación contra Alvarez y otras 21 personas —entre naturales y jurídicas—, el esquema habría provocado un perjuicio al Estado de más de $ 61,5 millones por la venta irregular de más de 22 millones de galones de combustible entre 2020 y 2024.
La audiencia de juzgamiento se reinstaló este sábado, 14 de marzo, luego que el tribunal suspendiera la primera jornada realizada el pasado 8 de marzo, en la que se presentaron los alegatos iniciales de la Fiscalía y de las entidades acusadoras particulares, entre ellas Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
Se prevé que en esta etapa continúen las intervenciones de las defensas de los procesados. (I)