Después de seis años, entre denuncias, investigaciones y diferimientos, este 17 de junio de 2025 se desarrolló el primer día de juicio por peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí al que se enfrentan el exvicepresidente de la República Jorge Glas, quien cumple condenas de prisión por cohecho y asociación ilícita, y Carlos Bernal, exsecretario del Comité Técnico por la Reconstrucción.
En las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito, el ambiente era distinto. Rejas y policías resguardaban los alrededores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por la presencia de Jorge Glas, quien fue traído desde la cárcel La Roca de Guayaquil para defenderse del cargo de peculado por el que lo investiga la Fiscalía General del Estado.
Este martes 17 de junio, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia se instaló en la audiencia de juzgamiento a las 09:10, y que fue presidida por los jueces Marco Rodríguez, Javier de la Cadena y Mercedes Caicedo (ponente).
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La magistrada advirtió que no permitiría dilaciones e incidentes de los abogados defensores, al tiempo que les pidió que organicen sus agendas porque este proceso tomará varios días.
Se anunció que habrá recesos para que Jorge Glas pueda tomar sus medicamentos por varias enfermedades que presenta y por lo cual pedía que no lo trasladen a la capital y le permitieran participar de forma virtual, por su salud mental. Se le negó el pedido.
Al iniciar la diligencia —que se extendió hasta la noche—, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, expuso seis hechos como parte de los alegatos que, dijo, probarán que Glas y Bernal cometieron peculado.
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Uno de ellos, que se perjudicó al Estado por un valor de $ 225’395.910 en contratos de adjudicación de obras que no eran prioritarias para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 2016.
Los acusadores particulares, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Procuraduría General del Estado se adhirieron a los elementos expuestos por el fiscal y recalcaron en el perjuicio económico.
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La defensa de Glas, Andrés Villegas, inició su alegato con el compromiso de que probará que su defendido es inocente de este cargo y que se trata de “patrañas y falsedades” que se han construido.
Por Carlos Bernal, su abogado, Roberto Calderón, alegó que la Fiscalía construye su caso sobre aspectos que no están claros, como el no establecer la diferencia entre urgente y prioritario.
Durante las primeras ocho horas de audiencia, el Tribunal escuchó a cinco testigos —entre auditores y peritos— llamados como prueba de la Fiscalía, en esta fase de presentación de pruebas de cargo y descargo.
El exvicepresidente, amigo y coideario del expresidente Rafael Correa, estaría apto para enfrentar el proceso, según una pericia psiquiátrica que se le aplicó, ya que habría intentado en varias ocasiones suicidarse.
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La Fiscalía presentó el informe pericial al Tribunal de juicio, que se incorporó al expediente y en él, una perita psiquiatra diagnosticó que, de acuerdo con test psicométricos, tiene un “mayor riesgo suicida”; una “ansiedad leve a moderada”; una depresión grave; y que obtuvo 50/100 (de un valor de 0 a 100) en sus niveles de funcionamiento social, ocupacional y psicológico, tomando en cuenta que entre más alto el valor, el estado de una persona es normal.
Glas contó a la psiquiatra que cuando estuvo recluido en la cárcel de Latacunga “planificó” su suicidio y se mostraba indignado porque lo llevan a un juicio por peculado pese a que “no compró ni un lápiz”.
“Este es un caso tan burdo y absurdo, me quieren matar, así prefiero matarme (…), muerto el perro se acabó la rabia. Esto de no ver a los parientes, me parece que en cierta forma ha sido positivo, porque ya se han olvidado de mí, al cabo, al muerto lo lloran tres días y la vida sigue”, contó a la médica, según consta en el documento que es parte del proceso.
Relató que no ve a sus hijos desde enero del 2025, que no le permiten salir al patio y que no le dan sus medicamentos.
Desde que Glas empezó a ser procesado por casos de corrupción (2017), la audiencia de juzgamiento de este martes fue una de las poquísimas ocasiones a las que asistieron sus familiares.
En la Sala de la Corte estuvieron sus dos hijos, de 23 y 16 años.
También asistieron una docena de militantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC), entre ellos Liliana Durán, Rodrigo Collahuazo; y, para la tarde, llegó el asambleísta y exministro del correísmo Ricardo Patiño, que estuvo por poco más de una hora y se retiró.
Saludó con él en un breve receso. Camina lento y en cada paso lo acompaña una cápsula de policías armados. Dio la mano a dos mujeres simpatizantes que le aconsejaban que tenga “fuerza”.
El caso se originó con base en un informe de investigación de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción del CPCCS e informes de la Contraloría General del Estado, con indicios de responsabilidad penal, que la Fiscalía receptó en el 2019 y procedió con las investigaciones.
La teoría fiscal es que se habría “abusado” de recursos públicos en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas a las que se adjudicaron obras que no eran “prioritarias” para la reconstrucción de las dos provincias.
El expresidente Rafael Correa creó por decreto ejecutivo el Comité por la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, que lo presidía su exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, extitular de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción.
Ellos habrían resuelto que, de 584 obras que se habían planificado, se diera prioridad a once pese a que estas no habrían sido necesarias o urgentes.
En junio de 2023, la Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, hasta que dos años más tarde se instaló este primer día de juicio.
Hasta el cierre de esta publicación (17:00), la audiencia continuaba. (I)
