Varias horas después de que se hiciera pública la detención del exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo M. A. en el marco del caso Purga, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, el partido se pronunció y manifestó que “nadie está por encima de la ley”.

“Todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas. El Partido Social Cristiano ha respetado y respeta la independencia de las funciones del Estado y, por coherencia, no ha interferido ni interferirá en el ejercicio de las mismas”, manifestó.

El partido recordó también que su accionar político solo se compromete por los actos que son de su responsabilidad.

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Asimismo, aseguró que conforme avance el proceso y se precisen públicamente las acusaciones y pruebas “actuarán en consecuencia”.

Según la Fiscalía, entre los indicios recabados en la vivienda de Pablo M., se incluyen dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, dinero en efectivo (7.535 dólares y 505 euros) y una chequera.

El caso Purga se desprendería de hallazgos hechos en el caso Metástasis y, como ha sostenido la fiscal Diana Salazar daría continuidad a la depuración que requiere el país para sanear el sistema de justicia.

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Siguiendo la misma línea del caso base, en Purga se analizaría una supuesta corrupción generada desde las más altas esferas de la “política legislativa”, la cual, afirma Fiscalía, ponía a su servicio y al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país: Guayas.

Información entregada por la Fiscalía dentro del caso Purga señala que han sido detenidos hasta el momento, además del exasambleísta socialcristiano y su esposa, Mónica A.; la actual jueza y quien fue hasta enero pasado presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G.; además de los jueces penales y civiles Nelson P., Gustavo M., Guillermo V., Fausto A., Saúl M., Henry T., Alberto L. y Reynaldo C.; así como Ruth S., quien sería procuradora judicial de una institución pública.

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En tanto, Pablo M., quien es abogado, fue elegido legislador alterno de Soledad Diab para el periodo 2021-2025 y se principalizó en el 2022 cuando ella renunció para ser candidata a concejal de Guayaquil.

Fue parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cuando Fernando Villavicencio era su presidente; con él tuvo varios altercados.

En abril del 2023, Villavicencio puso una denuncia en la Fiscalía contra cinco legisladores de los que dijo que estaban planeando un atentado en su contra. En ese momento no dio sus nombres.

“He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión”, indicó el político en esa ocasión.

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Villavicencio, quien era candidato presidencial por el movimiento Construye, fue asesinado en agosto del 2023. El periodista Christian Zurita, quien lo reemplazó en la postulación, reveló que los denunciados eran los exlegisladores Pablo M., Roberto Cuero, Ronny Aleaga, Ronny González y Walter Gómez.

Pablo M. negó esa acusación y la calificó como una “infame calumnia” de Zurita.

El detenido se postuló a la reelección en los comicios anticipados del 2023, pero no alcanzó la curul.

Antes de su paso por el Legislativo, Pablo M. fue funcionario del Municipio de Guayaquil entre el 2014 y el 2020, durante la administración del exalcalde y líder del PSC Jaime Nebot, de quien es un cercano colaborador desde hace muchos años.

El detenido también enjuició por calumnias al periodista Guillermo Lizarzaburu y al empresario Juan Pablo Paz por una nota publicada en el portal Guayaquil News, en la que se mencionaba al exasambleísta como persona cercana a uno de los involucrados en una supuesta venta irregular de terrenos en Durán, en Guayas. (I)