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El exlegislador del PSC Pablo M. A. fue parte de la Comisión de Fiscalización del periodo 2021-2023, que la presidió Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023. Foto: Tomada de la Asamblea Nacional Foto: Cortesia

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El Caso Purga mantendrá bajo expectativa la postura que tendrá la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) frente al juicio político contra Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, tras la detención para investigaciones de uno sus exlegisladores, Pablo M. A.

La madrugada de este 4 de marzo de 2024, un operativo de la Fiscalía General en conjunto con elementos de la Policía Nacional dejó doce personas detenidas, entre ellas exautoridades judiciales del Guayas y el exasambleísta del PSC Pablo M. A., en un caso al que se lo nombró ‘Purga’, en el que se investiga el delito de presunta delincuencia organizada.

Públicamente es el segundo actor político de la Asamblea mencionado en este tipo de investigaciones. El primero fue el exasambleísta Ronny Aleaga Santos, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía habría sido conocido como alias el ‘Ruso’ en los chats de mensajería instantánea del caso Metástasis, en el que también se investiga delincuencia organizada articulada al narcotráfico.

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Este lunes la presencia de legisladores fue casi nula en el Palacio legislativo, mientras se esperaba una declaración de la bancada del PSC que no hubo.

No obstante, el presidente del partido, Alfredo Serrano, suscribió un comunicado en el que anunciaron su respeto a la actuación judicial.

«Nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. La justicia debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas. El PSC ha respetado y respeta la independencia de funciones y por coherencia no ha interferido ni interferirá en el ejercicio de las mismas. El accionar del PSC solo se compromete por los actos que son de su responsabilidad», detalla la misiva divulgada la tarde de este lunes en la plataforma Space X.

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En horas de la mañana, se vio al asambleísta de las filas socialcristianas Lenin Rogel que habló con mesura sobre la detención de Pablo M. A., y contó que un comunicado oficial de la bancada no estaba listo y que tampoco hubo una reunión para tratar el tema, debido a que el hecho se conoció en la madrugada.

Sin embargo, creyó «pertinente que las investigaciones sigan respetando la independencia de funciones. Nadie está sobre la ley y esa es una premisa importante».

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En tanto, en la Comisión de Fiscalización y Control Político está en cola la sustanciación de un juicio político en contra de la fiscal, Diana Salazar, promovido por el movimiento correísta de la RC.

Al iniciar este periodo legislativo, el PSC adelantó que no apoyaría una interpelación en contra de Salazar y que haberlo calificado para que se tramite en la mesa de Fiscalización era parte del procedimiento.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en un comunicado de diciembre de 2023, expresó su absoluto respaldo a las acciones de la fiscal contra la corrupción y los malos operadores de justicia.

De igual forma, el coordinador de la bancada, Vicente Taiano, aseguró que el pedido de enjuiciamiento «no forma parte de las coincidencias por la gobernabilidad. Ratificamos que el PSC y aliados no apoyarán esta solicitud», dijo en noviembre de 2023.

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En la víspera ese apoyo estará bajo observación en el interior de las demás fuerzas políticas.

María Teresa Pasquel, asambleísta de Gente Buena (antes de Construye), recordó que el PSC hizo un ofrecimiento de no apoyar el juicio político y que se lo calificó porque era un trámite administrativo.

«Veamos qué pasa. Seguiremos poniendo fuerza desde la ciudadanía para luchar contra la corrupción; y, sobre el juicio a la fiscal Diana Salazar hay que ver cómo se pronuncia el PSC y ADN (Acción Democrática Nacional). Esperamos que esto se ratifique; veamos si se da ese cumplimiento», indicó.

Jorge Peñafiel, representante de Construye, resaltó la actitud de Salazar que, pese a que enfrenta esta interpelación, las investigaciones en los casos Metástasis y ahora la Purga, están «divorciadas» de la política.

«Independientemente que tenga un juicio político en ciernes (en desarrollo), ella no deja de hacer su trabajo. Ese es un buen mensaje al país porque así demuestra que toda la investigación que está llevando a cabo no se ve influenciada por el riesgo de perder su cargo. Esto es saludable y positivo. Más allá del resultado de los votos y del destino político de la fiscal, esta investigación está divorciada de la lógica política que tanto daño le ha hecho al país cuando se ha involucrado con la justicia», opinó.

Añadió: «La fiscal ha mostrado su intención de luchar contra la impunidad y bajo esa lógica ella está dejando las muestras claras. Si suma o resta a su juicio político eso no le corresponde analizar a ella ni a nadie. Eso será decisión de las organizaciones políticas y lo sano es que se mantenga divorciado de las coyunturas políticas».

El movimiento Revolución Ciudadana se mantendrá prudente de hacer afirmaciones y esperarán a conocer los resultados de las investigaciones, apuntó la legisladora Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización.

Ofreció que el trámite se sustentará con pruebas y será la proponente, su coidearia Gisella Garzón, la que demuestre cuáles han sido los incumplimientos de funciones.

«No me puedo arriesgar a dar un veredicto sobre lo que va a pasar… No podemos actuar con venganza política, eso no lo vamos a permitir en esta Comisión. Que sean las pruebas contundentes y técnicas las que decidan la votación de cada juicio político», aseveró Aguirre.

Por lo pronto, en la Comisión está pendiente llevar a cabo dos juicios políticos a los exministros de Energía en el gobierno de Guillermo Lasso, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata.

De ahí, sigue el pedido de interpelación contra Diana Salazar, cuyo periodo en funciones culmina en el 2025. (I)

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