Caso Pruebas PCR: se suspende audiencia de apelación contra el sobreseimiento de Jorge Yunda y otras trece personas procesadas por peculado

Pese a que el tribunal de apelación del caso Pruebas PCR, conformado por los jueces provinciales Maritza Romero (ponente), Miguel Narváez y Xavier Barriga, instaló la audiencia para resolver el pedido de apelación contra la sentencia que ratificó el estado de inocencia del exalcalde de Quito Jorge Yunda y otras trece personas acusadas del delito de peculado, por pedido de la nueva fiscal provincial de Pichincha, Alexandra Zurita, la diligencia se suspendió la mañana de este lunes, 2 de marzo, en Quito.

Una vez instalada la diligencia, la fiscal Zurita presentó un pedido de diferimiento y otro de excusa contra los jueces Romero y Narváez por supuestamente ellos haber intervenido en la apelación de una medida cautelar de los procesados. La Fiscalía fue el único sujeto procesal en la causa que apeló los sobreseimientos definidos por un tribunal de juzgamiento de Pichincha.

Los magistrados escucharon los fundamentos de la excusa planteada por la fiscal provincial de Pichincha y también a abogados de los sobreseídos, quienes se opusieron a que se difiriera la audiencia y también a que se aceptara la excusa.

Luego de retirarse a analizar lo expuesto, los jueces Romero y Narváez, aclarando que la excusa es potestad de los jueces y no de parte alguna del proceso, aseguraron que hay causal alguna para excusarse. Finalmente, el tribunal quedó integrado de la misma forma en que fue sorteado.

En el tema del diferimiento, la jueza ponente de la sala refirió que, revisados los documentos presentados por la Fiscalía, se confirma que recién desde el 2 de marzo la fiscal Zurita asume funciones como líder de la Fiscalía de Pichincha. Zurita en su escrito anotó que no ha tenido tiempo suficiente para revisar de forma integral el expediente del caso y, en especial, diecisiete audios que hacen parte de la teoría de la Fiscalía.

La jueza Romero sostuvo que, para que la nueva fiscal provincial de Pichincha tenga el tiempo suficiente para estructurar una correcta defensa, la decisión de la Sala de Apelación es suspender la audiencia y convocarla para un próximo día, el cual tendrá en cuenta el tiempo necesario de la Fiscalía y la agenda de audiencias de los jueces.

Esta era la tercera fecha definida por la Sala de Apelación para la diligencia en algo más de ocho días. El viernes pasado, 27 de febrero, por segunda ocasión en esa semana no pudo concretarse la instalación, pues no asistió el delegado de la Fiscalía, es decir, la fiscal de Pichincha, por el fuero de ese nivel que tiene el caso.

El 22 de septiembre de 2025, los jueces de primer nivel de la Corte de Pichincha José Jiménez, Lady Ávila y Dilza Muñoz, de manera unánime, ratificaron la inocencia de los catorce procesados por un delito en el que se sospechaba que existió un perjuicio al Estado a raíz de la suscripción de un contrato, en abril de 2020, para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, por un valor de $ 4′200.000.

Luego de 469 días de haberse suspendido la audiencia de juicio para la deliberación de los jueces, en la resolución oral se ratificó la inocencia del exalcalde Yunda, Lenin Mantilla, Juan Alejandro Vinelli, Juan Enrique Buchelli, José Morales, Diego Salazar, Iván Manzano, Jéssica Cárdenas, Sandra Hidalgo, Erick Andrade, Simón Narciso Valencia, Marco Antonio Rubio y Ximena Abarca, exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, así como de Linda Guamán, excoordinadora de la Secretaría de Salud del cabildo quiteño.

En la convocatoria del viernes último se conoció que existió un cambio en la cabeza de la Fiscalía de Pichincha. Por disposición del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dejó de ser fiscal provincial de Pichincha Mayra Soria y en su lugar fue designada Alexandra Zurita. Ese cambio de última hora obligó a que la diligencia no se realizara y se difiriera para este lunes, 2 de marzo.

El tribunal de juicio en septiembre de 2025 anotó en su fallo oral que en este caso no existió afectación a la economía del Municipio de Quito, que las pruebas que finalmente se entregaron eran equivalentes a las contratadas, que no se han distraído dineros públicos, que no hay dolo y que la Fiscalía no ha probado que en este caso exista un posible dolo.

Los jueces de primer nivel llamaron la atención a la Fiscalía por llevar a cabo una investigación “poco prolija” y pidieron que en el futuro se “hagan investigaciones serias y no se traigan (a los tribunales) solo acusaciones sin testigos o pruebas que no fundamentan las acusaciones”.

(I)