Caso Las Torres: empresario cercano al excontralor Pablo Celi es sentenciado a cinco años de cárcel por prestar cuenta en Estados Unidos para mover dineros ilícitos

Con el voto de mayoría de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena y Olavo Hernández, el empresario Pedro Saona fue condenado a cinco años de cárcel como autor directo en calidad de colaborador del delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. El voto salvado en la Sala de Juzgamiento lo emitió el conjuez Marco Aguirre.

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En este caso ya han sido condenadas once personas, dos autores y nueve como colaboradores de una estructura que operó a través de instancias públicas como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República, en el gobierno de Lenín Moreno, para cobrar sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas en la Contraloría. Solo Saona faltaba ser juzgado.

El 10 de febrero de 2023, el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional del caso Las Torres condenó al excontralor Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores como líderes de la organización investigada, mientras que a otras nueve personas por su responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2017 y 2020 se las ubicó como colaboradoras. En esta segunda lista estuvo el hermano del excontralor Celi: el abogado Esteban Celi.

Pablo Celi y Pablo Flores, al ser considerados líderes de la estructura, recibieron una pena agravada de trece años y cuatro meses de cárcel. En cambio, los ubicados en el escenario de colaboración fueron condenados a penas distintas: Natalia Cárdenas, exasesora de la gerencia de Petroecuador; Mauricio Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador; Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

Cárdenas y Orellana recibieron una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión al tener la agravante de haber sido funcionarios públicos; en tanto que a Esteban Celi, De Guzmán, López, Rodríguez, Luque y Briones se les definió una pena de siete años de cárcel para cada uno.

El fiscal general encargado, Wilson Toainga, durante la audiencia de juzgamiento contra Saona presentó pruebas que demostrarían que el empresario procesado fue persona de confianza de Esteban Celi y facilitó su cuenta personal del Banco West Fargo, en Estados Unidos, para transferir $ 110.000, el 16 de mayo de 2017, por parte de José Luis de la Paz a través de la empresa Monay Industries.

Para la Fiscalía, estos montos transferidos tenían como destino los hermanos Esteban y Pablo Celi, pues como contraprestación a esos pagos se habrían desvanecido seis glosas de la empresa Nolimit por un monto superior a los $ 13 millones.

Según la Fiscalía, la pericia documentológica y grafotécnica confirmó la existencia de documentos relacionados con los colaboradores ya sentenciados, así como una empresa relacionada con Pedro Saona desde la cual se habría intentado gestionar sobornos. Por otra parte, la pericia de informática forense expuso comunicaciones que confirman que el procesado seguía instrucciones de Esteban Celi.

Finalmente, la pericia financiera analizó contrataciones y pagos efectuados por Petroecuador a la empresa Nolimit, las relaciones financieras del procesado con empresas implicadas y el detalle de las facturas emitidas por la estatal petrolera. Por su parte, el agente investigador de la causa presentó el esquema de estructura delictiva que habría operado entre 2017 y 2020 para desvanecer a cambio de beneficios económicos.

Toainga en su alegato de cierre solicitó al juez De la Cadena (ponente) y los conjueces Hernández y Aguirre que impongan la pena prevista en el segundo inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como también una multa de 20 salarios básicos unificados (SBU) y el pago de $ 100.000 como reparación integral.

El voto de mayoría acogió parcialmente lo solicitado por la Fiscalía e impuso a Saona el pago de doce SBU ($ 5.640) como multa y la cancelación de $ 100.000 como reparación material.

Actualmente, los asentamientos en el caso Las Torres están a la espera de que se realice la audiencia de apelación solicitada contra la decisión de primera instancia adoptada por De la Cadena, Hernández y Aguirre. (I)