Como parte de una investigación previa sobre hechos que revelarían la existencia de un enriquecimiento privado no justificado dentro del megacaso de corrupción ocurrido en el interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la Fiscalía allanó, entre la madrugada y mañana de este lunes 7 de febrero, 16 domicilios y oficinas ubicados en ciudades de las provincias de Guayas y Pichincha.
En propiedades localizadas en Guayaquil, Samborondón y Daule (Guayas) y en Quito (Pichincha) se habrían desplegado quince fiscales especializados. En las operaciones simultáneas se habrían recuperado indicios, como documentos e información en equipos electrónicos, que estarían relacionados con los hechos que se investigarían y de los cuales la Fiscalía no ha dado mayores detalles por estar en una fase reservada.
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En este megacaso existirían casos que son llevados hasta el momento de forma reservada; otros en los que ya se han formulado cargos; e, incluso, otros están a puertas de audiencias preparatorias de juicio. La Fiscalía persigue manejos irregulares en inversiones de más de $ 900 millones que pertenecen al Isspol.
Por ejemplo, a inicios de año, al no haberse podido demostrar la existencia del delito de peculado dentro del denominado caso Ambiensa, y menos aún la participación de tres exdirectores, de un exasesor del Isspol y de un funcionario privado, el fiscal Martín Navarrete solicitó al juez de la causa que disponga el trámite para el archivo de la investigación previa.
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La investigación del delito de peculado en el caso Ambiensa arrancó por la denuncia escrita presentada por el general Jorge Villarroel, entonces director del Isspol. En la denuncia se señalaban irregularidades que habrían existido en la compra de bienes inmuebles como inversión del Isspol, lo cual preocupaba a esas autoridades “por el uso de fondos de las pensiones de los servidores policiales en actos jurídicos que no cumplirían con los requisitos establecidos en la ley y en normas reglamentarias, existiendo de por medio presuntos ilícitos contra la Administración pública”. (I)