Carlos Pólit fue condenado a diez años de prisión en EE. UU.: ¿podría salir bajo libertad condicional?

En el sistema federal de justicia de Estados Unidos (EE. UU.) no se permite la libertad condicional tradicional que sí se aplica en varios estados, pero existen algunas fórmulas para rebajar las penas.

A ellas podría acogerse el excontralor general del Estado ecuatoriano Carlos Pólit, quien fue sentenciado a 120 meses de cárcel (10 años) por el delito de lavado de activos.

El fallo de la jueza de la Corte Distrital Sur de Florida Kathleen Williams, que fue emitido el martes 1 de octubre del 2024, señala asimismo que, después de cumplir la pena, Pólit tendrá tres años de supervisión y deberá pagar $ 600 de gastos de corte; además tiene que entregar $ 16,5 millones, equivalentes a lo que habría recibido en coimas, como reparación por la ofensa.

La abogada Belén Enríquez, experta en legislación penal de EE. UU. que reside en Miami, señaló que las personas sentenciadas deben cumplir como mínimo un 85 % de su pena. El 15 % restante equivale a los días de “descuento” previstos en la ley penal estadounidense, que son aproximadamente 54 por año de la sentencia, siempre y cuando se mantenga buena conducta.

Otra opción adicional a los 54 días por año, dice Enríquez, es la Ley del Primer Paso (First Step Act, aprobada en el 2018), en la cual las personas que tengan una sentencia elegible (usualmente los condenados por “delitos de cuello blanco”, como Pólit) pueden obtener entre 10 o 15 “créditos” o días adicionales por mes para acelerar su fecha de salida y rebajarla hasta un año, siempre y cuando participen en programas de rehabilitación o realicen actividades productivas, como trabajar.

Según explicó Enríquez, una vez que el procesado es sentenciado, tiene catorce días en el sistema federal para expresar su intención de apelar, lo cual se conoce como un notice of appeal. Una vez que este se presenta ante la Corte Distrital en Miami, el circuito específico del caso (donde está localizada la Corte de Apelaciones), que es el 11, toma posesión del caso.

“Dependiendo de los argumentos presentados, una apelación puede durar meses o hasta años; y, en caso de que se obtenga una decisión positiva, puede existir la opción de una resentencia, un nuevo juicio, o puede ser limitada a argumentos que son estrictamente relacionados con temas de penalidad económica, como el forfeiture o decomiso de bienes. En caso de que la resolución sea negativa, la persona condenada tiene la opción de pedir que su caso sea revisado por la Corte Suprema de los Estados Unidos”, indica Enríquez.

Luego, cuando se hayan agotado todas las instancias de apelación, la última opción es una moción 2255, la cual se limita a argumentos relacionados con las actuaciones ineficaces de la defensa, tomando en cuenta dos estándares: el desenvolvimiento ineficaz o incompetencias que puede haber causado un impacto negativo en la resolución del caso. Igualmente, la resolución de una moción 2255 o la decisión de la corte puede durar meses o años, y también está sujeta a apelaciones (circuito 11 y petición a la Corte Suprema de los Estados Unidos), detalla la experta.

Respecto al pago de los $ 16,5 millones, Enríquez señala que no tiene una fecha límite o de vencimiento.

Explica: todas las personas que son condenadas están sujetas a declarar sus activos a la Oficina de Probatoria (Probation Officer), la cual prepara el presentence investigation report (PSR), que se envía a todas las partes antes de la sentencia y que incluye un perfil exhaustivo del acusado, su entorno, sus nexos, sus bienes y otros datos que ayudan al tribunal a elaborar la sentencia.

“Este reporte ayuda a la Fiscalía a identificar activos adicionales que no se hayan conocido en el momento de formular cargos o durante el juicio. Unos días antes de la sentencia, la Fiscalía prepara una orden preliminar para que la Corte le permita tomar posesión de los activos identificados que estén directamente relacionados con la ofensa o que sean considerados activos substitutos”, dice la abogada.

En el caso de Pólit, el día 30 de septiembre, la jueza Williams ordenó que se le entregue al Gobierno estadounidense una propiedad localizada en 1900 S.W. 22nd Street, Miami, Florida 33145. Esto fue concedido por el jurado el día del veredicto, y luego será vendida.

En caso de que los activos en posesión de EE. UU. no sean suficientes para cubrir los $ 16,5 millones, la Fiscalía continuará buscando otros, según lo establece el procedimiento legal. (I)