El Consejo de Administración Legislativa (CAL) impuso este jueves 25 de septiembre la suspensión de 90 días sin sueldo a la asambleísta Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), en atención a la queja presentada por la legisladora Nataly Morillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN).
Palacios fue cuestionada ante el CAL por haber imputado al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Valbonesi, en el delito de tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals.
El CAL determinó que Palacios incurrió en faltas administrativas muy graves, contempladas en el artículo 171, numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, “provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional o las comisiones especializadas”, y “expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional o de las comisiones especializadas”.
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Las faltas administrativas muy graves son sancionadas por una suspensión de ejercer el cargo, sin remuneración, de 31 a 90 días. Esta es la primera vez que se sanciona a la un legislador con el máximo de días de suspensión.
¿Por qué fue sancionada Mónica Palacios?
El CAL se reunió eL pasado 23 de septiembre para recibir las pruebas de cargo y de descargo en este proceso de juzgamiento.
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La legisladora Murillo relató que durante la sesión n.° 037 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del 10 de septiembre de 2025, a las 14:30, en el marco del tratamiento del proyecto minero Loma Larga (área Quimsacocha, provincia del Azuay), la asambleísta Mónica Palacios solicitó el uso de la palabra e imputó públicamente un delito de tráfico de influencias al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals y una supuesta entrega de dinero a la fundación Ana.
En su alocución, Palacios fue reiteradamente llamada al orden para que se ciñera estrictamente al punto objeto de la convocatoria. Al persistir en no hacerlo, la presidenta de la Comisión, Camila León (ADN), dispuso el cierre de su micrófono. Sin embargo, tras la suspensión de su uso de la palabra, la asambleísta Mónica Palacios continuó alzando la voz aun con el micrófono apagado, al tiempo que exhibía un cartel de manera ostensible con la clara intención de que fuera captado por los medios de comunicación presentes.
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Estas conductas, dice Morillo en su escrito, interrumpieron el normal desarrollo de la sesión y desconocieron la disposición de la presidencia de la mesa, incluso cuando ya se le había otorgado la palabra para la respectiva intervención.
(I)
