En el concurso para designar al titular de la Defensoría Pública, un hecho que ha causado suspicacias entre los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el posible conflicto de intereses en el que está inmerso un funcionario que fue parte del equipo técnico que revisa los requisitos de los postulantes y a su vez fue delegado a ser parte de la comisión ciudadana de selección que designará a esta autoridad.

El hecho se reveló el pasado 19 de noviembre, cuando el pleno conoció el informe de admisibilidad de los delegados de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, a conformar dicha comisión.

El informe lo elaboró un equipo técnico compuesto por ocho funcionarios del Consejo, escogidos por los consejeros David Rosero, Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos. Ellos, según el reglamento de designación de la autoridad, son designados por el pleno.

La labor de este equipo técnico es la de verificar que los postulantes en representación de la ciudadanía y de las funciones cumplan con los requisitos legales para ser comisionado.

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Funciones Ejecutiva y Legislativa deberán postular nuevos delegados para la comisión ciudadana que elegirá al defensor público

Como parte de ese equipo, estaba Manuel Balda Flores (hermano del político Fernando Balda), que ocupa la Subcoordinación Administrativa del CPCCS. Y a su vez fue escogido por la Función de Transparencia (que agrupa a nueve instituciones, entre estas el Consejo) para ser su delegado en esta comisión.

Al conocer que en el informe de admisibilidad constaba el nombre de Balda, y al mismo tiempo había sido calificado como comisionado por ese mismo equipo técnico del que él era parte surgió la inquietud.

El consejero Francisco Bravo alertó de un posible conflicto de intereses y María Fernanda Rivadeneira se describió como “anonadada” de que Balda sea “juez y parte” en el proceso.

La presidenta Sofía Almeida aseguró ese 19 de noviembre que ella “tenía conocimiento” de que Balda había renunciado al equipo. Pidió a la Secretaría General que confirme el ingreso de la renuncia, pero el entonces secretario Ángel Oviedo no pudo certificarlo.

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Entonces, se llamó a la coordinadora de dicho equipo, Zaidy Mora para que explique qué pasó. Dijo que su compañero se había excusado verbalmente el 22 de octubre para no seguir con esa labor.

Almeida insistió en que la renuncia era irrevocable y que no era necesario que la conozca el pleno; sin embargo, los consejeros de minoría le recordaron que, al ser designado por el pleno, era el pleno el que debía resolver sobre esa decisión.

Pasaron once días después del 19 de noviembre, que en la plenaria del 1 de diciembre se informó de su renuncia, que no se ingresó al sistema de documentación gubernamental Quipux.

CPCCS se alista a conformar comisión ciudadana que designará al defensor público

Balda entregó un papel sin membrete del CPCCS, sin número de oficio, con la fecha de que supuestamente el 22 de octubre había renunciado al equipo técnico. Esa hoja no tenía sellos ni hora ni fecha del recibido.

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Francisco Bravo levantaba la hoja ante las cámaras para que se observe que era un papel simple e informal. “No se debe jugar con la inteligencia de la ciudadanía al presentar esto”, expresó.

Almeida aseguró que fue ella quien recibió ese documento en Guayaquil “fuera del horario laboral” mientras estaba “en algún Zoom” (reunión virtual). “La formalidad está porque se presenta de manera escrita, porque tiene la firma, y la recepción del documento que yo estoy haciendo”, dijo.

Agregó que después del 22 de octubre, Balda “nunca más” había vuelto a participar en el equipo, y que solo eran subjetividades las que se decían. Que el funcionario podía renunciar ese día o cualquier otro día porque su designación como comisionado no era oficial.

Hernán Ulloa le aclaró que ella no es la fedataria del Consejo, sino el secretario general o la secretaria de su despacho. “Este es un tema que puede afectar la fe de los actos y pone en duda las demás actividades”, le increpó.

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Rosero respaldó a Almeida y esgrimió que Balda renunció irrevocablemente, por lo que no había otra opción que aceptarla. Con los votos de él, Almeida, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos se aceptó esa dimisión.

De forma paralela, avanza la conformación de la comisión ciudadana que está en la etapa de pedidos de recalificación a los méritos de 62 postulantes admitidos.

Uno de los aspirantes, William Falconí Calderón, reclamó que no se le han puntuado todos los certificados de experiencia laboral o participación en iniciativas ciudadanas que presentó. Detalla en su pedido enviado al Consejo, que ingresó incluso certificados originales que no fueron tomados en cuenta.

Los méritos de los concursantes se puntúan sobre 50 puntos, y apenas el pleno apruebe o niegue los pedidos de recalificación, se escogerá a los 30 mejor calificados. para de ellos designar por sorteo público a los cinco ciudadanos que serán parte de la comisión.

Respecto de los delegados de las funciones, el Consejo de Participación Ciudadana realizará por primera vez un sorteo público para escoger a uno de los delegados de la Asamblea Nacional.

El informe de admisibilidad concluyó que la institución no remitió el nombre ni la documentación de su delegado, por lo que lo designará mediante un sorteo público al comisionado de un listado de los servidores que remita el Ministerio de Trabajo. (I)