Con menos gente que ayer como público, pero con los mismos controles de seguridad es como se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la mañana de este miércoles 18 de junio, el segundo día de la audiencia de juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí, en el que son procesados por el delito de peculado el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario Técnico del Comité de la Reconstrucción Carlos Bernal.
En esta segunda jornada, el fiscal general encargado, Wilson Toainga, continuó presentando testimonios para sustentar la teoría del caso, la cual habla de que parte de los dineros recaudados por los ecuatorianos, luego del terremoto de magnitud 7,8 del 16 de abril de 2016, se destinaron a once proyectos no prioritarios que habían beneficiado intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización.
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Según la Fiscalía, el monto de perjuicio ocasionado por el abuso de fondos públicos asciende a $ 225 millones.
En la primera jornada del juicio, el fiscal Toainga presentó seis testimonios, en más de ocho horas de diligencia, ante la sala presidida por la jueza Mercedes Caicedo y que se completa con los magistrados penales de la CNJ Marco Rodríguez y Javier de la Cadena. En cambio, en esta segunda convocatoria el fiscal presentó dos testimonios en la primera parte de la diligencia e inició la segunda parte de la audiencia con el testimonio del policía José Alquinga.
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En la mañana se escucharon los testimonios de Clara Zambrano y de Mariano Zambrano, viceprefecta y prefecto de la provincia de Manabí en el momento del terremoto de abril de 2016. La primera habló de lo poco que conocía de una reunión con el Comité de la Reconstrucción, del 22 de mayo de 2017, en la que reemplazó al prefecto Zambrano y en la que el Comité hizo la lista de los proyectos que iban a ser prioritarios y a los que destinaría los fondos de la Ley de Solidaridad.
A decir de la hoy exviceprefecta, quien se conectó a la diligencia por vía telemática, a ella le notificaron el mismo día de la reunión con el Comité para la Reconstrucción, por lo que llegó a la parte final de la city no pudo conocer a fondo de lo discutido, no propuso ni votó nada.
Por su parte, el exprefecto Mariano Zambrano reconoció que los fondos recogidos para la reconstrucción sí se destinaron para rehabilitar centros educativos, de salud, entre otros. Zambrano, por un lado, indicó que quienes planteaban los proyectos priorizados eran las instituciones, las organizaciones y los gobiernos autónomos descentralizados; y, por otro, aclaró que los ejes que mantenía el Comité eran los de educación, salud y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto.
A la sala del octavo piso de la CNJ, Glas ingresó bajo un esquema de seguridad que incluía agentes de la Policía Nacional de unidades especiales y personal de seguridad penitenciaria que usaban pasamontañas, chalecos y cascos antibalas. Los integrantes del Tribunal de Juicio también entraron a la audiencia rodeados de sus cápsulas de seguridad.
Para ingresar al edificio y a la sala, el público y los periodistas deben entregar sus maletas para que sean revisadas por policías ubicados en las puertas. En los exteriores de la Corte Nacional, sobre la calle Unión Nacional de Periodistas se ubicaron dos ambulancias y un camión policial con videovigilancia. Además, cada cierto tiempo sobrevolaba por la CNJ y sus alrededores un dron de reconocimiento de la Policía Nacional.
Dentro de esta causa, en los alegatos de inicio, el fiscal Toainga anotó que existe un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, como parte de un examen especial a los contratos suscritos en el contexto de la reconstrucción de Manabí, que dejó en evidencia que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto y que en su lugar se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría
Carlos Bernal fue el único de los procesados que se conectó a la diligencia por vía telemática. De forma presencial llegaron a la audiencia de juzgamiento el fiscal general Toainga y los abogados representantes de la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana, instancias que actúan como acusadoras particulares.
El fiscal Toainga explicó que se priorizaron 584 proyectos, entre los que constaban aquellos destinados para la reconstrucción de infraestructura pública de vivienda, salud, educación, es decir, requerían atención urgente, pues su objetivo era atender las necesidades inmediatas de la población afectada en las provincias de Esmeraldas y Manabí.
Entre las obras que giran las críticas están el parque Las Vegas y el proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta - Redondel del Imperio Colisa. A partir de ello, Fiscalía investigó nueve proyectos más, cuyo financiamiento provino de los fondos de la Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto.
Mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por Jorge Glas. Posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, cuyo propósito era recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos que permitieron la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva y económica de las zonas afectadas. Por su parte, Carlos Bernal, en su calidad de secretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, habría efectuado seguimientos a los proyectos y se solicitaron reportes y fondos económicos para financiar los proyectos por ejecutarse. (I)