La tarde de este lunes, 29 de diciembre, seis asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) formalizaron las solicitudes de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los legisladores Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso presentaron el pedido en contra de Godoy por el presunto incumplimiento de funciones, en el marco de las alertas que hizo el juez anticorrupción Carlos Serrano.

El magistrado denunció supuestas presiones y amenazas a su integridad luego de la sentencia penal por lavado de activos a través de la cual se condenó a diez años de cárcel al serbio Jezdimir Srdan, quien, durante la audiencia de juzgamiento, realizó una amenaza de muerte cruzando el dedo índice de un lado a otro por el cuello.

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“Esperamos que el CAL (Consejo de Administración Legislativa) la califique de inmediato y que sea tramitada en la Comisión de Fiscalización, conforme a la ley”, escribió Viviana Veloz en su cuenta de X.

La legisladora del correísmo sostuvo que la tardía “recomendación” de renuncia realizada por el presidente Daniel Noboa no exime a Mario Godoy del enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional, incluso si llegara a renunciar.

“Esta reacción del Gobierno llega solo por la presión e indignación ciudadana, tras varios días de escándalo, cuando ya es evidente que el oficialismo intentó blindarlo”, resaltó Veloz.

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Por otro lado, el asambleísta Luis Fernando Molina oficializó el pedido de juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto.

El legislador por Pichincha argumentó que su solicitud se fundamenta en presuntas acciones y omisiones cometidas por las autoridades mencionadas, en el marco del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, las cuales habrían vulnerado principios constitucionales, de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica, además de la inobservancia de disposiciones constitucionales y legales, comprometiendo gravemente la institucionalidad del país y el interés público.

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“De la documentación que se adjunta se desprende que las actuaciones de los consejeros señalados no se limitaron a decisiones administrativas formales, sino que evidencian un ejercicio irregular de sus competencias constitucionales, así como la inobservancia de los deberes y responsabilidades previstos en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa legal aplicable”, dice el documento presentado por Molina.

En su escrito, el asambleísta solicitó que, una vez concluido el receso legislativo, se disponga la remisión inmediata del expediente al CAL, a fin de que se proceda con la calificación de la solicitud, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la Constitución.

Ambos pedidos del correísmo fueron remitidos al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, con las firmas de respaldo correspondientes. (I)