Los asambleístas Ferdinan Álvarez, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), y Luis Fernando Molina, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), iniciaron un proceso de fiscalización respecto a las declaraciones patrimoniales juramentadas de jueces de la Corte Constitucional.
El 11 de marzo de 2026, Ferdinan Álvarez, quien preside la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, hizo un requerimiento de información al juez constitucional Alí Lozada Prado sobre presuntas inconsistencias y omisiones en la información sobre su patrimonio y movimientos financieros.
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En cambio, el 1 de abril de 2026, Luis Fernando Molina solicitó al contralor general del Estado, Mauricio Torres, información detallada sobre quién fue la persona o funcionario que filtró información sobre los exámenes de las declaraciones patrimoniales de dos jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada Prado y José Luis Terán.
En el caso de Lozada, la Contraloría determinó que no había justificado $ 25.000; y en el de Terán, $ 70.000.
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Pedido de asambleísta ADN
En el pedido de información a Lozada, Álvarez señala que “ha llegado a su conocimiento información y alertas sobre presuntas inconsistencias y omisiones en su patrimonio y movimientos financieros, tanto en el sistema financiera nacional como en el exterior”.
Álvarez justifica la solicitud señalando que los magistrados de la CC, según el artículo 431 de la Constitución, “están sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas”, dentro de los que se comprenden los requerimientos de información legislativos.
Además, señala que es imperativo verificar la transparencia de las declaraciones patrimoniales, en el marco del cumplimiento de las disposiciones legales sobre presentación de esos documentos por parte de los servidores públicos en general.
El legislador de ADN pide a Alí Lozada que remita información desde el inicio de su gestión como juez constitucional referente a si es verdad que su cónyuge, María Catherine Ricaurte Herrera, ingresó al país en los últimos cuatro años dinero en efectivo como resultado de viajes realizados a Chile.
También que informe si producto del matrimonio mantiene sociedad conyugal o en su defecto tiene suscritas capitulaciones matrimoniales.
El legislador Álvarez pide le que informe si como juez o su cónyuge poseen bienes inmuebles a su nombre en la actualidad.
Solicita que explique si es verídica la presunta compraventa/enajenación de un vehículo supuestamente valorado en $ 25.000 y luego de transcurridos solo dos años fue vendido a solo $ 5.000, así como las partes que intervinieron en dicha transacción.
Igualmente, el legislador de ADN pide al juez Lozada que informe si es verdad que mantiene una cuenta activa en el Banco Internacional a su nombre e inversiones en el Banco del Pichincha y por qué no fueron reportada en sus declaraciones patrimoniales juradas.
El juez Alí Lozada deberá también informar si es verdad que ha incrementado su patrimonio en razón de adquisiciones de obras de artes, joyas, colecciones, etc., en los últimos cuatro años. De ser afirmativa, le pide que detalle la fuente de los fondos utilizados para dichas compras.
Finalmente, pide que informe si mantiene o sabe acerca de la existencia de cuentas en el exterior, en España, Chile o en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, a su nombre o a nombre de terceros relacionados y las razones para no transparentar estas cuentas.
Este pedido aún no recibe respuesta oficial de Lozada, quien está siendo indagado por la Fiscalía General.
Pedido de información a Contraloría
En tanto que el pedido del legislador Molina ya fue respondido por la Contraloría General del Estado a los diez días, con un informe suscrito por Silvana Cuadrado, secretaria general encargada.
Pero el asambleísta anunció que solicitará una ampliación ya que, a su criterio, la respuesta de la institución “fue evasiva”. La filtración es un delito que debe ser investigado, y podría tener consecuencias administrativas y civiles, advirtió.
La Contraloría le informó al legislador que la institución no ha dispuesto, ni ha autorizado a persona o funcionario, ni ha emitido disposición jerárquica superior, para la difusión pública de información relacionada con los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales; estos son de carácter reservado.
Indicó que la Contraloría está obligada a garantizar la protección de la información y documentación de terceros.
Además, señala que los informes derivados de los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas, cuando son de carácter general, son debidamente notificados a los sujetos auditados; y cuando dichos informes contienen indicios de responsabilidad penal, no se comunica a los examinados, sino que se remiten a la Fiscalía.
El legislador Molina pidió a la Contraloría del Estado que remita copia certificada de los correos electrónicos, misivas y demás documentos relacionados con las presuntas investigaciones de confrontación y examen de las declaraciones patrimoniales de los dos jueces de la CC, con relación al manejo de la reserva de la información y la garantía de su cadena de custodia.
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