El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, junto con los legisladores Esteban Torres (PSC), Mireya Pazmiño (PK), Yeseña Guamaní (ID), Marcela Holguín y Pamela Aguirre (UNES) comparecieron ayer en la Fiscalía General para rendir su versión respecto a las notitia criminis que presentaron por la presentación de siete acciones de protección para dejar sin efecto el juicio político contra cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Saquicela dijo que el accionante (el ciudadano Manuel Párraga) cometió fraude procesal al presentar estas acciones constitucionales en el cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

“Logran que la séptima recaiga en el juez (Ángel) Lindao, quien da paso a una medida cautelar autónoma que luego la transforma en acción de protección y termina extralimitándose, pidiéndole a la Asamblea la posesión del superintendente de Bancos (designado por el CPCCS que se había censurado), algo que no tenía nada que ver. Rechazamos al intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo, que no puede darse, se tiene que respetar el Estado de derechos”, indicó.

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Agregó que han solicitado a la Fiscalía General disponer que rindan su versión el juez Lindao, el accionante, y todos los involucrados en el tema, “para que se establezca que hubo fraude procesal, que existió concertación de actores contra el primer poder del Estado”.

La autoridad aseguró que se ha cometido un “abuso del derecho” en la presentación de estas acciones constitucionales. “Se presentan siete acciones en un lapso de tres y cuatro horas, en la misma dependencia judicial, seis jueces la niegan por no tener competencia por el territorio y el séptimo dice que es competente, y hace lo que ellos quieren, incluso llega a la pretensión insólita de querer destituir legisladores”, rechazó.

Torres dijo, en tanto, “no vamos a parar hasta que se sepa la verdad y los culpables paguen lo que tengan que pagar”, dijo Torres.

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El legislador debe continuar con las investigaciones, “que ojalá lleguen al juez de La Concordia, que se sepa qué ha pasado, cómo puede ser que se presenta una acción y en cuestión de minutos sale ya la decisión judicial, para presumir que ya estaba todo previamente escrito. En ese sentido haremos respetar la decisión de la Asamblea que representa a todos los ecuatorianos”, dijo.

Según Torres, el juez no ha notificado por escrito a la Asamblea con la sentencia por la cual anuló el juicio político a los vocales del CPCCS, ordenó disculpas públicas para ellos y la colocación de una placa, y además dispuso posesionar al superintendente de Bancos, Roberto Romero, lo cual no ocurrió porque los asambleístas de UNES y PSC no acudieron a la reunión plenaria convocada para el pasado domingo 18 de diciembre.

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Por ello, agregó, no han apelado la resolución. “Se la ha guardado dos o tres semanas, es un irrespeto, un fraude procesal que no lo vamos a aceptar”. (I)