Asambleístas que van a la reelección ofrecen trabajar por la seguridad, pero aplazaron para luego de las elecciones dos proyectos que abordan la temática

La mayoría de los 99 asambleístas candidatos a la reelección incluyen entre sus ofertas de campaña trabajar por la seguridad, pero en la práctica dejaron para después de las elecciones el trámite de dos proyectos que abordan la temática.Se trata del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), cuyo informe del proyecto para segundo y definitivo debate está listo desde noviembre pasado y aguarda en el escritorio de la presidencia de la Asamblea Nacional.El otro proyecto es la reforma parcial a la Constitución planteado por el Ejecutivo para establecer bases militares extranjeras en el Ecuador con el fin de incorporar nuevos mecanismos para combatir las diversas modalidades del crimen organizado. También está listo para primer debate y también espera a los asambleístas que están en campaña para su trámite. En cuanto al Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), existe un capítulo referente al juzgamiento de los adolescentes infractores que cometen delitos contra la vida, sicariato y extorsión, materia que para varios legisladores es incómodo definir antes de un proceso electoral, porque podría ahuyentar votos. El problema es que el 60 % de las bandas criminales, de acuerdo con datos oficiales, está conformado por menores de edad que cometen sicariato, asesinato y extorsión; y en la Asamblea hay un informe de minoría presentado por la bancada Construye, a través del asambleísta Jorge Peñafiel, en el que se plantea el juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos; mientras que el correísmo, a través de la presidenta de comisión Pierina Correa, sostiene que no es correcto sentenciar a menores de edad como adultos, que se debería trabajar en otras alternativas. La presidencia de la Asamblea, comandada por la correísta Viviana Veloz, prefirió engavetar los dos temas porque no quería que esto afecte el escenario electoral que ellos tenían calculado , afirma el asambleísta Peñafiel, miembro de la Comisión de la Niñez y Adolescencia y también de la comisión ocasional de reforma constitucional, quien asegura que el correísmo dilató la elaboración del informe sobre las bases militares con la presidencia de Gisella Garzón (RC) con el objetivo de evitar que esto trastoque el escenario electoral, capaz que no sea tratado ni en primera ni en segunda vuelta electoral.Durante el encargo de la Asamblea Nacional a la también correísta Esther Cuesta tampoco se han abordado estos temas. Y, según el legislador Peñafiel, es poco probable que al regreso de los asambleístas principales sea abordado, menos aún si hay una segunda vuelta electoral. El legislador oficialista Adrián Castro sostiene que lamentablemente el correísmo ha impedido, usando todas las formas , que el Gobierno salga adelante en materia de seguridad y prolongó la aprobación de dos importantes normas, como aquella propuesta de reforma parcial a la Constitución que permita la presencia de bases militares internacionales para combatir el narcotráfico y traer tecnología de punta para luchar contra el crimen organizado. De los 137 asambleístas, añadió que ADN es el único bloque, a través del asambleísta Adrián Castro , que ha llegado hasta la denuncia pública ante el Consejo de la Judicatura y ante la Fiscalía a dos jueces de la provincia de Azuay, que espera sean destituidos por error inexcusable al liberar a más de 44 delincuentes en los últimos años cinco años.Cuestionó que se haya aplazado la aprobación del Copinna, respecto al juzgamiento de los adolescentes infractores, donde el bloque ADN dijo que es absolutamente tajante, pues los menores infractores que están asesinando a diario, extorsionando en muchas ciudades del país, asesinando hasta policías, tienen que ser juzgados igual que un adulto; una vez que cumplen su mayoría de edad tienen que pasar ya a un penal igual que el de los adultos.Trabajar desde la Asamblea Nacional para combatir y enfrentar al crimen organizado solo depende de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para que incluya en el orden del día el trámite de estas dos propuestas puntuales, anotó. Leonardo Berrezueta, asambleísta que actúa en el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) , señaló que en el tema de las bases militares debe haber una planificación y un plan; es decir, no importa quién sea el país que venga a poner una base militar para ayudar al combate contra la inseguridad, pues todo apoyo y cooperación internacional es bienvenido, pero debe haber un plan y hasta el momento no se conoce.Además, añadió, se debería conocer a qué se compromete el Ecuador, porque no cree que “la cooperación sea de gratis y de buena voluntad”.En torno al Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que la coyuntura actual es distinta a la que se vivía hace 15 o 20 años, y eso implica revisar las penas que tengan que ser impuestas a personas que hoy, a más temprana edad, ya se dedican a temas delincuenciales graves, como asesinatos y extorsiones.Berrezueta dijo que está de acuerdo con que efectivamente se revise el tema de las penas y endurecerlas para el grupo de los menores infractores y generar un proceso mucho más fuerte de rehabilitación social; pero todo esto debe ir de la mano de una reforma institucional, que sea el manejo de las cárceles y el tema del sector penitenciario para los menores y para los adultos.El asambleísta de la bancada RC comentó que el aplazamiento de estos temas para después de las elecciones responde, sin duda, a un cálculo político, porque hay mucho debate en relación con el tema del endurecimiento de penas de los menores y hay un debate muy complicado en cuanto al tema de las bases militares extranjeras en territorio nacional.“Me parece a mí que fue un cálculo que se hizo en la Asamblea desde los diferentes sectores políticos. No debió haberse dilatado este tema por un tema de las elecciones y debió encarárselo”, replicó Berrezueta, quién lamentó que se haya privilegiado el cálculo político a la necesidad como tal del país de tener estas reformas importantes para enfrentar al crimen organizado. (I)

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