La asambleísta de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) por Estados Unidos y Canadá, Mónica Palacios, rechaza que el pasado 8 de julio la jueza Patricia Guaicha, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), haya resuelto archivar la denuncia que presentó en contra del exlegislador y actual consejero presidencial Diego Ordóñez por violencia política de género.

Ante esta situación, resolvió presentar un recurso de apelación para que sean los cinco jueces del TCE los que resuelvan en segunda y definitiva instancia su denuncia.

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Además, solicitó a la Unión Interparlamentaria (UIP) las siguientes medidas urgentes: visita in situ de una comisión al Ecuador a fin de que constate la situación que viven las mujeres que ejercen política en el Ecuador y la observación de acciones judiciales por parte de la UIP a su caso en el TCE, para garantizar la independencia de este organismo en la solución del caso.

El 25 de octubre pasado, Palacios presentó los resultados del proceso de investigación realizada en Estados Unidos y Panamá respecto a la vinculación del presidente Guillermo Lasso Mendoza en el caso Pandora Papers y asegura que tras hacer público el proceso de fiscalización, en redes sociales se inició una campaña de desprestigio personal a través de videos distorsionados sobre aspectos personales de su vida que en poco tiempo se hicieron virales.

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Palacios comenta que el 4 de noviembre pasado hizo pública su denuncia al país sobre los hechos de violencia política de género de los que había sido víctima en redes sociales de parte de Ordóñez.

“Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, tuiteó Ordóñez como una cita al tuit del portal 4 Pelagatos que decía: “Mónica Palacios era la última esperanza de los que quieren destituir al presidente. Dijo que tenía la prueba y se dedicó a insultar a Lasso. La Súper de Bancos de Panamá la desmiente. Y ahora esa comisión no sabe qué poner en su informe”.

La asambleísta aludida aseguró que las palabras de Ordóñez le causaron un grave daño psicológico y que se veía amenazada por un comportamiento misógino. Al día siguiente del incidente, el 5 de noviembre, el legislador ofreció disculpas públicas al bloque de UNES y eliminó el texto que ofendió a Palacios.

Sin embargo, tras la denuncia presentada en el TCE, Guaicha, sostuvo que el tuit no existe ya que fue eliminado, lo que la legisladora considera una muestra de impunidad.

La jueza Guaicha establece en su fallo que procesalmente no ha podido probar que el tuit existió, aludiendo omisión de formalidades al momento de su anuncio en la audiencia de juzgamiento.

“Correspondía a la denunciante presentar un medio de prueba que sustente sus afirmaciones, esto es, debía solicitar la práctica de una prueba pericial a la publicación del tuit del señor Diego Ordóñez Guerrero, objeto de la denuncia, con el fin de que el perito en la materia, con su experticia, determine la integridad, autenticidad, fecha de creación y otros datos que contenía este documento”, indicó.

Agregó que en la causa la denunciante no aportó este medio de prueba y solamente se limitó a mencionar que la “materialización de la publicación del tuit del señor Diego Ordóñez del 4 de noviembre de 2021″ fue incorporada como “Anexo 3″ a la denuncia presentada.

La jueza manifestó que el anexo carece de valor jurídico, ya que no contiene información alguna que se relacione con los hechos denunciados.

Palacios cuestiona el fallo que ocurrió a pesar de que actores políticos, autoridades de las funciones del Estado y organizaciones de mujeres rechazaron a través de redes sociales los actos de violencia de los que fue víctima.

Reitera también que los hechos y el proceso se desprenden de un tuit que existió, fue un hecho notorio y no controvertido que afectó sus derechos de género y que implicó violencia política.

“La existencia del tuit es un hecho público y notorio, en la medida en que se trató de una circunstancia conocida por todos, a través de los medios de comunicación y de redes sociales, por lo que, en aplicación del principio de validez procesal, este hecho no requería prueba alguna, a pesar de ello, se presentaron los elementos necesarios que acreditaron su existencia”, refiere la defensa de Palacios y agrega que sorprende que la jueza deseche la denuncia, sabiendo que el tuit fue borrado por el mismo Ordóñez. (I)