El asambleísta de Pachakutik Álex Toapanta envió dos pedidos de información al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, ante los hechos derivados tras las alertas que levantó el juez anticorrupción Carlos Serrano por supuestas presiones en su contra.
Las solicitudes de información se formalizaron por medio de oficios remitidos a los titulares de estos organismos este lunes, 29 de diciembre.
En el caso de la Judicatura, el legislador pidió respuestas a cuatro asuntos:
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- Las actas de designación de fiscales provinciales.
- El acta del Consejo de la Judicatura del pasado 2 de diciembre, cuando se trató la suspensión del juez Cristian Fierro, integrante del tribunal que condenó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, tras el pedido del fiscal general Carlos Alarcón. El asambleísta observa que, apenas dos días después, el 4 de diciembre, el pleno de la Judicatura acogió el pedido y resolvió suspenderlo por 90 días. “La rapidez contrasta con lo ocurrido en el llamado caso Fachada. El 16 de enero de 2025, la Fiscalía dirigió allanamientos contra los jueces Gabriela Lara, Jairo García y Christian Carpio. Pese a la gravedad de los hechos que se investigan, el pleno de Godoy tardó 146 días en pronunciarse y solo el 11 de junio de 2025 resolvió suspenderlos. Incluso, esa decisión fue posteriormente revertida, ya que los magistrados fueron restituidos el 12 de septiembre de 2025″, dice el documento.
- Que el Consejo de la Judicatura señale cuántos jueces provinciales y cantonales han sido declarados como error inexcusable por la Corte Constitucional y si desde que se declaró dicho error hasta la fecha ya han recibido la sanción que corresponde.
- Que informe cuántos jueces cantonales a nivel nacional han sido reintegrados por acción de protección de primera instancia, desde cuándo se dictaron esas sentencias y el tiempo transcurrido sin que se haya dictado la sentencia de segunda instancia.
En tanto que, al Consejo de Participación, el legislador de Pachakutik pidió la siguiente información:
- Los dos procesos de designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, con énfasis en las apelaciones presentadas y aceptadas.
- Las actas del CPCCS que llegaron a nombrar a Mario Godoy como representante del Consejo de la Judicatura en dos ocasiones.
El asambleísta representante de la provincia de Cotopaxi recalcó que toda la información requerida deberá estar debidamente fundamentada con documentación de respaldo y acompañada de los respectivos anexos oficiales que certifiquen su veracidad y su completitud.
A la vez, recordó que “los plazos para cumplir están previstos en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (diez días); y, a la falta de respuesta o si la misma esté incompleta, se continuará con lo establecido en la ley”.
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La Judicatura y el CPCCS están en el centro de atención luego que el magistrado Serrano denunció supuestas presiones y amenazas a su integridad tras la sentencia penal por lavado de activos mediante la cual se condenó a diez años de cárcel al serbio Jezdimir Srdan, quien, durante la audiencia de juzgamiento, realizó una amenaza de muerte cruzando de un lado para el otro el dedo índice por el cuello.
Por este caso, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue convocado a comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional para el próximo 5 de enero de 2026.
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A su vez, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana presentaron pedidos de juicio político en contra de Mario Godoy y cinco consejeros del CPCCS: Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto. (I)
