El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió todos los derechos parlamentarios del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien tiene prisión preventiva por un presunto caso de violación a una menor de edad, y resolvió principalizar, de manera provisional, a su legisladora alterna, Annie Christina Muñoz Aroca.
La decisión se adoptó por unanimidad en la sesión de este martes, 29 de julio. Como parte de la pérdida de los derechos legislativos de Díaz se encuentra la suspensión del pago de su sueldo y de los beneficios económicos.
El CAL aclaró que esta resolución durará mientras se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva.
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El órgano legislativo informó que, de acuerdo con el Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos, el 6 de agosto se cumplirán 30 días de abandono del cargo por parte de Santiago Díaz.
“Cabe recordar que, por unanimidad, el CAL negó la licencia sin remuneración solicitada por el legislador en días pasados. La denuncia en su contra fue presentada por el padre de la menor afectada, el 7 de julio de 2025, ante la Fiscalía General del Estado”, informó el Legislativo.
Horas antes de la resolución del CAL, el pleno de la Asamblea Nacional pidió a Díaz Asque, expulsado de la bancada de Revolución Ciudadana, que presente su renuncia voluntaria al cargo a fin de garantizar la transparencia del proceso penal por el delito de violación en su contra y proteger la legitimidad y credibilidad de la legislatura.
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El exhorto al asambleísta procesado por la justicia fue aprobado con 146 votos.
El pasado 21 de julio, Díaz Asque se entregó a la justicia en un procedimiento que se desarrolló en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito. Ese mismo día, la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, le definió la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en la Cárcel 4, en el norte de la capital.
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La instrucción fiscal que se abrió en este caso durará 60 días, mientras tanto se dispusieron medidas de protección a favor de la víctima y de su padre. También se estableció la prohibición de enajenar el domicilio del investigado en el sector de Monjas, en el nororiente de Quito. (I)
