Informe sobre ley urgente propone indulto prorrogado para sortear inconstitucionalidades

El sector del Gobierno encontró una salida para poder sortear posibles inconstitucionalidades del proyecto urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Este jueves 5 de junio, la mesa de Desarrollo Económico, por unanimidad, aprobó el informe para segundo debate tras incorporar varios pedidos de los asambleístas. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocará a sesión plenaria el sábado 7 de junio a las 19:00 para conocer y resolver sobre el informe. Se incorporaron varias disposiciones, una de ellas determina que tanto los organismos nacionales e internacionales, así como gobiernos pueden realizar donaciones a las fuerzas del orden con el fin de reforzar el criterio de atención a la protección interna, mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana.El proyecto establece que las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes inmuebles, equipamiento o suministros nuevos en condiciones óptimas para su uso que serán destinadas a la protección interna, mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Las donaciones realizadas por contribuyentes nacionales darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal. Las donaciones internacionales de organizaciones o gobiernos estarán sujetas a la existencia de acuerdos y convenios de cooperación internacional y al reglamento. La presidenta de la mesa, Valentina Centeno (ADN), planteó que en el informe para segundo debate se incluya un texto en el que se permita la posibilidad de que el presidente de la República pueda anunciar el indulto a los policías y militares, pero con efecto diferido hasta cuando hay una sentencia, es decir, solamente se aplica a partir de que exista una sentencia. Esto, según ella, es una respuesta a la preocupación de inconstitucionalidades.Procesalmente hablando, añadió, el efecto es que no se le pueda dictar prisión preventiva al policía o al militar que está siendo juzgado como una medida de garantía.Con esta normativa el presidente podrá anunciar el indulto y que este tendrá un efecto procesal; es decir, que no se pueda dictar prisión preventiva para las fuerzas del orden, pero se sigue el proceso y al final, cuando se dicta sentencia, se aplica el indulto, que es el perdón de las penas por parte del presidente.El efecto jurídico del citado indulto suspende la prisión preventiva y regirá una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada.Además, se incluye una disposición taxativa para que las fuerzas del orden sean evaluadas cada seis meses mientras dura el conflicto armado interno, en virtud de que la normativa entrega amplias atribuciones para combatir el crimen organizado y se cree que es correcto, como cualquier organización pública, realizar un proceso de control y evaluación de manera permanente que incluya polígrafos, revisión de patrimonios y antecedentes disciplinarios , con potestad de las autoridades de emitir una baja inmediata.También se incluye un capítulo para temas de delitos relacionados con tráfico de combustibles, en el que se incrementan las penas de 22 a 26 años de prisión , con el fin de evitar estas prácticas que afectan a los sectores estratégicos. Cuando se trata de un financiamiento a un grupo de delincuencia organizada la pena subirá a 30 años de prisión.Se sancionará con seis a ocho años por la paralización del servicio de distribución de combustible. En el debate se planteó incorporar disposiciones generales, entre ellas, crear las sociedades anónimas deportivas con el fin de impulsar el desarrollo de las actividades generadas por las instituciones deportivas y establecer mecanismos que permitan garantizar la integridad de sus operaciones financieras.Para efectos de esta ley, el conflicto armado interno será reconocido cuando se evidencie la concurrencia de los siguientes criterios: la organización de los grupos armados y la intensidad de la violencia.Se incluyó un capítulo en torno a las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en zonas afectadas por el crimen. Los ministerios del gabinete social deberán desarrollar programas preferenciales para las personas en esta situación.Los gobiernos autónomos descentralizados y las entidades vinculadas al sector social deberán implementar programas con el fin de prevenir la captación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados. Finalmente, se incluyó una disposición general en la que se ratifica la garantía al respeto y protección de los derechos colectivos , así como el derecho a la resistencia. Ninguna medida prevista en esta Ley podrá interpretarse ni aplicarse para reprimir el derecho a la protesta social. (I)

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