La Asamblea Nacional pidió a la Corte Constitucional (CC) que se pronuncie respecto de la objeción total por inconstitucionalidad que resolvió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente por inconstitucionales los artículos que, en marzo pasado, el Parlamento modificó de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

El articulado fue aprobado por el anterior periodo legislativo, y se incluyeron artículos para incrementar el salario para los docentes con base en un nuevo escalafón y un régimen de jubilación especial para los maestros.

Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió la ejecución de esas disposiciones porque no existían informes económicos y actuariales que avalen el incremento del gasto público. Eso, hasta que el Legislativo y Ejecutivo subsanen los vicios de inconstitucionalidad que se determinó en un dictamen.

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La Asamblea en funciones aprobó en marzo pasado la nueva ley, en la que reformó el escalafón y determinó algunas fuentes de financiamiento, como la recaudación tributaria y los ingresos extraordinarios por el precio del barril de crudo, pero no dio paso al régimen de jubilación especial.

Lasso esgrimió en el veto que los asambleístas no cumplieron con lo dispuesto por la Corte, pues continuó con el trámite de la normativa pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas no emitió un dictamen favorable sobre la factibilidad financiera de los incrementos salariales, lo cual es inconstitucional. Además, que generó una presión sobre el fisco, que no tiene fondos para cubrirlos.

En respuesta, la Función Legislativa solicitó a la Corte Constitucional el 22 de abril último que se pronuncie sobre la objeción total del régimen a la normativa.

Se argumentó que con base en los artículos 139 de la Constitución y 65 de la Ley de la Función Legislativa y 131 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Legislatura aún se encuentra dentro de los plazos legales para solicitar este pronunciamiento, para lo que los jueces tendrán un plazo de 30 días.

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“La Asamblea Nacional ratifica que el tratamiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se realizó con irrestricto apego a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa”, se recoge en un comunicado divulgado este sábado, 23 de abril.

Al conocer el pedido de la Legislatura, la Unión Nacional de Educadores (UNE) exhortó a los jueces de la Corte Constitucional a emitir “su fallo en plena libertad de sus funciones y en derecho. Sin inclinar su cabeza frente al Gobierno”, y advierten que estarán pendientes y movilizados.

Este domingo, el gremio de maestros divulgó un pronunciamiento en el que aseguran que existen recursos económicos para cumplir con la equiparación salarial. Según los datos expuestos, “entre los meses de enero y marzo del 2022 el SRI (Servicio de Rentas Internas) anunció que recaudó $ 1.961 millones y son cerca de $ 500 millones extras respecto al 2021, cantidad suficiente para cumplir con la equiparación”.

Expresaron también su desconfianza de la propuesta del Ejecutivo de instalar mesas técnicas para discutir los problemas de la educación pública. “Los derechos no pueden ser negados mediante procesos burocráticos o cortinas de humo como son las denominadas “mesas técnicas” (reunión entre funcionarios o simpatizantes del régimen). (...) Se pretende distorsionar el escalafón perjudicando al conjunto del magisterio que demanda equiparación salarial y no migajas o componenda alguna, como sucedió con los acuerdos ministeriales (00010 y 00011) sobre las 25 horas pedagógicas que afectan a la carga horaria y calidad de la educación”.

La UNE ratificó que el próximo jueves, 28 de abril, desarrollarán una movilización nacional en contra del veto total a la LOEI que emitió el presidente Lasso. (I)