EL Consejo de Administración Legislativa (CAL), por unanimidad calificó, este 18 de febrero, el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, acusado de incumplimiento de funciones en materia de derechos laborales de los trabajadores y abrogación de funciones al interpretar la Ley Humanitaria vigente desde julio de 2020.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, tiene tres días para remitir a través del el expediente al Presidente de la Comisión de Fiscalización, quien en un plazo de cinco días deberá poner en conocimiento de la comisión.

Juicios políticos pendientes en la Asamblea Nacional

Las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, son las acusadoras del funcionario. En el expediente afirman que el funcionario se negó a designar a un inspector de trabajo para que verifique si los trabajadores de las empresas Flopec EP y Explocem, que perdieron sus puestos de trabajo, a través de desvinculaciones desde enero a junio de 2020, recibieron todos los beneficios laborales.

Además, aseguran que en el despido de los trabajadores de Explocem, el gerente de la empresa, “usó la pandemia COVID-19, como pretexto y aplicó de forma falaz el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo aduciendo que se trata de fuerza mayor o caso fortuito lo que obligaba a los despidos de trabajadores que incluso llevaban más de 25 años de servicio, sin un centavo de indemnización”

La tercera acusación tiene relación de una supuesta atribución de funciones que no le corresponde sobre el acuerdo expedido en julio de 2020, donde según las legisladoras la reducción emergente de la jornada establecida en la Ley de Apoyo Humanitario, por caso fortuito o fuerza mayor, estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica.

Una cuarta acusación se refiere a una supuesta desprotección de las personas en condición de vulnerabilidad en los acuerdos ministeriales 172 y 173 de septiembre de 2020, relacionados con la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario donde se protege a las personas vulnerables.

Otra acusación contra el ministro de Trabajo, Andrés Isch, se relaciona a un incumplimiento de funciones al no proporcionar acceso a la información pública al observatorio ciudadano de discapacidad, salud pública, trabajo y derechos humanos.

Las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, acusan al Ministro de Trabajo de falta de registro de la prohibición de ejercer cargo público de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo el 24 de noviembre de 2020. Para lo cual presentan un certificado con fecha 2 de diciembre de 2020, emitido por el ministerio respectivo.

Una séptima acusación que debe enfrentar el ministro Andrés Isch, tiene que ver con un supuesto incumplimiento de la disposición transitoria vigésimoquinta de la Constitución sobre la fijación del Salario Básico Unificado para el año 2021. Que al no existir un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empleadores le correspondía fijar un incremento salarial, lo cual no sucedió, por lo tanto, según las acusadoras el funcionario incumplió sus funciones porque fijó un incremento equivalen al 0,0%, es decir $400 mensuales. (I)