Con 78 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que declaró improcedente pronunciarse acerca del pedido para levantar la inmunidad y enjuiciar a Esther Cuesta Santana, exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), dentro del caso Liga2.
El Legislativo devolverá el pedido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Publicidad
La legisladora Esperanza Rogel (ADN) presentó la moción y explicó que el pedido no compete ya a la Asamblea debido a que Cuesta ya no es asambleísta y desde el 13 de mayo no tiene ningún impedimento para ser enjuiciada, de tal forma que la justicia puede proceder.
Para aprobar la resolución se necesitaba un mínimo de 77 votos, es decir, mayoría absoluta. En caso de que Cuesta hubiese estado en funciones todavía, se habría requerido una mayoría calificada, 101 votos.
Publicidad
Durante el debate se explicó que el fuero de corte está vigente sobre los legisladores solo durante el tiempo en el que están en funciones.
El pedido de la CNJ fue enviado a la Asamblea a través del secretario relator de la Sala Penal de la CNJ el 22 de mayo último al presidente Niels Olsen.
“La Fiscalía General del Estado solicita la vinculación de los ciudadanos Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta; esta última, como es de conocimiento público, ostentaba la calidad de asambleísta nacional. Con este antecedente y previo a proceder conforme lo establecido en los artículos 593, 594 y 595 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, para que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad (...), solicítese a la Asamblea Nacional la autorización para ‘iniciar causa penal’ de la ciudadana Esther Adelina Cuesta Santana”, apuntó el escrito dirigido a Olsen.
La solicitud de la CNJ se hace antes de responder al pedido hecho por la entonces fiscal general, Diana Salazar, quien el 19 de mayo pasado solicitó dentro del caso Liga2 que se defina una fecha para la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita de la exlegisladora Cuesta; del excandidato presidencial de la RC y actual secretario de ese movimiento político, Andrés Arauz; y de Raúl Carrión, quien fue elegido superintendente de Bancos en 2022, aunque se anuló su designación en la justicia ordinaria.
En el pedido se hace énfasis en que, en aplicación del principio de celeridad y de las garantías del debido proceso, y dado que se encuentra decurriendo el plazo de la instrucción fiscal, que finaliza el 13 de junio próximo, a la brevedad posible, el órgano legislativo debía proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento.
En el caso Liga2, el 15 de marzo pasado se abrió una instrucción fiscal de inicialmente 90 días contra Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, quienes fueron parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e integraron la denominada Liga Azul, cercana al correísmo. También la formulación de cargos y posterior inicio de instrucción fiscal alcanzó a la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz.
Durante algo más 60 días, los cuatro iniciales procesados han sido investigados por planificar desde el CPCCS una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
Tras la renuncia irrevocable de Diana Salazar al cargo de fiscal general, será responsabilidad de Wilson Toainga, actual fiscal general encargado, el llevar adelante la vinculación en el caso Liga2. Una vez que se concrete la vinculación, la instrucción fiscal se alargará por 30 días más. (I)