La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tiene en las manos tres informes sobre el caso de los denominado papeles de Pandora, en los tres se nombra al presidente de la República, Guillermo Lasso, y tratan de determinar si es o no beneficiario directo o indirecto de empresas offshore con residencia en paraísos fiscales.

Para tratar ese tema en el pleno aún no existe fecha ni hora, aunque el procedimiento legislativo determina que se tendrá que exponer a la sala primero la existencia del informe de mayoría y se procede a dar lectura del documento; luego, se abre un debate que puede concluir con una moción que implique aprobar el texto de mayoría o conocer el informe y realizar algunas recomendaciones vía resolución, la que deberá ser aprobada con 70 votos.

Regularmente, no se conoce el informe de minoría, excepto si en la moción sobre el informe de mayoría no alcanzan los votos, y lo presentado por el legislador Fernando Villavicencio, como un tercer informe, se convertiría en un insumo.

Un tercer informe sobre los Pandora Papers señala que Guillermo Lasso está desvinculado de ‘offshores’ en paraísos fiscales

El 7 de octubre pasado, el pleno de la Asamblea con 107 votos requirió a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que investigue el caso denominado Pandora Papers, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social.

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Un mes después, la mesa legislativa presidida por José Cabascango, legislador de Pachakutik, aprobó con seis votos un informe con seis recomendaciones; la primera de ellas causó polémica entre las fuerzas políticas porque asegura que se verifica la inobservancia de parte del primer mandatario del pacto ético determinado en consulta popular en el 2017, lo que configuraría un incumplimiento constitucional y habría razones para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, por grave crisis política y conmoción interna.

En contraposición, dos legisladores oficialistas integrantes de la mesa de Garantías Constitucionales presentaron un informe de minoría donde recomienda el archivo del proceso de investigación y sugiere que se remita toda la información recabada sobre el caso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que establezcan participación y responsabilidad.

El 12 de noviembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, entregó a la presidenta de la legislatura un informe donde concluye que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no es beneficiario directo ni indirecto, beneficiario social, director o dignatario de ninguna empresa localizada en paraísos fiscales.

Trámite de los informes

El dilema entre los asambleístas es cómo ponerse de acuerdo en una resolución cuando existen hasta tres corrientes distintas sobre los informes trabajados. Una es aceptar el informe de mayoría y llevar adelante la destitución de Guillermo Lasso, pero antes llamarlo a comparecer al pleno; la segunda plantea cambiar la primera recomendación del informe de mayoría y remitir el documento a los organismos de control.

La tercera opción que se plantea es archivar el caso y toda la documentación debe remitirse a la Contraloría y Fiscalía General del Estado. La resolución aún no existe y está por estructurarse.

Para los socialcristianos, según el coordinador de bancada, Esteban Torres, legalmente existen dos informes el de mayoría y minoría presentados por la Comisión de Garantías Constitucionales, y lo que presentó el legislador Villavicencio cae en una investigación propia, pero no tendría un informe con fuerza legal. Aunque algunas cosas que no están en los otros informes puede ser de utilidad.

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Lo que debería pasar es que se procese el informe de mayoría en el pleno de la Asamblea, sin perjuicio que en la resolución se incorporen temas u observaciones importantes del informe de minoría y los elementos que se puedan desprender de la investigación individual del asambleísta Villavicencio, subraya Torres Cobo.

El oficialista Eitel Zambrano, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), sostiene que el informe sobre los papeles de Pandora debe ser archivado, que se tome en cuenta el informe de minoría presentado por Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela (BAN), y que toda la información sea remitida a la Contraloría y Fiscalía.

Su coidearia Ana Belén Cordero añade que el informe del legislador Villavicencio realizado a título personal es un insumo más, pues no cree que es un informe que se pueda someter a conocimiento del pleno, primero porque no es una investigación de la Comisión de Fiscalización, por lo tanto, no cabe que ese informe sea leído en el pleno de la Asamblea y menos votado; pero su contenido servirá a los procesos que llevan adelante los organismos de control.

El legislador de la Izquierda Democrática Marlon Cadena apuesta a un debate serio sobre este tema, alejarse de sesgos políticos, y considera que lo que se necesita es analizar la conveniencia y pertinencia de cada uno de los informes, porque tiene su singularidad y valía. Una de las opciones que tiene la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, es someter a consideración el tercer informe presentado por el legislador Fernando Villavicencio.

Cuestiona que la génesis de esta investigación fue atropellada y que cada informe presentado tiende a inducir y direccionar, y que se alejan de la objetividad, lo cual no permite al pleno tener la suficiente claridad sobre los hechos.

Desde Pachakutik el asambleísta Ricardo Vanegas sostiene que los asambleístas tienen la facultad de fiscalizar, pero cuando una comisión asume la competencia de investigar el resto de legisladores ya no pueden hacer ningún proceso de fiscalización, según la propia ley. Sin embargo, Vanegas comenta que el aporte realizado por Villavicencio es importante porque complementa la investigación realizada por la mesa de Garantías.

Si no existen pruebas fehacientes que demuestren la responsabilidad del presidente de la República, Guillermo Lasso, no se puede adecuar su conducta en un proceso de destitución, por lo tanto, lo pertinente es que todo lo actuado por la Comisión y todo lo que ha aportado por el asambleísta Villavicencio sea remitido a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. (I)