La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocó para este miércoles, 13 de noviembre, a sesión plenaria para retomar el pedido realizado por Verónica Abad, en su calidad de vicepresidenta de la República, de que se fiscalice a las ministras del Trabajo, Ivonne Núñez, y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.
La petición de Abad ingresó a la Asamblea Nacional el 17 de septiembre pasado, cuando aún el exlegislador Henry Kronfle presidía el Parlamento, pero el tema no llegó a tramitarse en el pleno y la sesión 963 fue suspendida.
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Pero la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, resolvió retomar el caso este 13 de noviembre, luego que el equipo de defensa de Abad acudió a la Asamblea a pedir acciones por la supuesta “arrogación de funciones” en que habrían incurrido las ministras del Trabajo y de Relaciones Exterior al sancionar con un sumario administrativo que llevó a suspenderla del ejercicio del cargo por 150 días.
En la petición del pasado 17 de septiembre, Abad sostiene que es dignataria de elección popular sujeta a control político de la Asamblea Nacional; que sus funciones son reemplazar al presidente de la República y cumplir todas las actividades que le asigne el primer mandatario.
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Que en efecto el primer mandatario le asignó funciones como embajadora del Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, y posteriormente como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Estado de Israel.
De tal manera, añade que es vicepresidenta de la República con funciones de embajadora: “Esto quiere decir que mi único cargo es el de vicepresidenta, sin que la asignación de funciones me haga perder tal calidad, pues la pérdida de mi cargo como vicepresidenta solo puede darse por las causas establecidas en la Constitución, y la norma suprema no contempla que se pierda la calidad de vicepresidenta a partir de la asignación de funciones”.
En virtud de lo expuesto, dice el documento, debe tenerse claro sobre ella: “No soy al mismo tiempo vicepresidenta de la República y embajadora, ya que este inexistente escenario acarrearía que me encuentre en situación de pluriempleo provocada por el presidente de la República, particular que está prohibido por la Constitución y la Losep, situación que no sería imputable a mi persona sino a quien la provoca”.
Por tales motivos, dice que el Ministerio del Trabajo señaló: “(Como vicepresidenta) pertenezco a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), pero en lo relacionado con el cumplimiento de mis funciones de embajadora me sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE)”.
Abad, en la petición escrita, explica: “El mismo Ministerio del Trabajo de forma inconstitucional, ilegal, arbitraria e ilegítima, sin tener la competencia para el efecto, ha iniciado un sumario administrativo en mi contra por presunto abandono del cargo. Esto significa que buscan sancionarme con la Losep por hechos que sucedieron bajo régimen de la LOSE, perdiendo de vista que sigo siendo la vicepresidenta de la República en funciones y que solo puedo ser sujeta de control y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional”.
Sostiene que el sumario administrativo iniciado en su contra no es sino otro acto de persecución política y hostigamiento, pues es de conocimiento público y notorio que el presidente de la República ha instaurado varios mecanismos para impedir su reemplazo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de este ante su inminente candidatura presidencial, de tal forma que el Gobierno nacional ha desplegado todo su aparataje institucional para separarla del cargo, subraya.
Por el mismo motivo, Abad considera que es menester fiscalizar las actuaciones de Cancillería y determinar cómo estas han buscado hostigarla y denigrarla como persona y, con ello, “ineludiblemente perjudicar la autoridad institucional de la Vicepresidencia de la República”.
Asimismo, es necesario fiscalizar al Ministerio del Trabajo, que al iniciarle el sumario administrativo está “atribuyéndose indebidamente funciones que no le corresponden, ya que el procesamiento y eventual destitución de la vicepresidenta de la República en el ejercicio de sus funciones solo le corresponde a la Asamblea Nacional”.
En la petición, Abad solicita a la Asamblea Nacional la inmediata fiscalización y control político a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, y a Gabriela Sommerfeld Rosero en su calidad de ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y que se determine su responsabilidad política en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados. (I)