Agenda legislativa surgirá de los cientos de proyectos represados en la Asamblea Nacional

En esta semana, la Asamblea cumplirá un mes de instalación bajo la dirección del socialcristiano Henry Kronfle y en un mes más tendrá que presentar al país la agenda parlamentaria anual. Su contenido está en construcción y tendría cinco ejes.La ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 12 determina la obligación del presidente de la Asamblea Nacional de elaborar la Agenda Parlamentaria Anual con la participación de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidentes de las comisiones especializadas permanentes y representantes de las diversas bancadas legislativas.En la normativa se establece un plazo de 60 días desde la posesión del presidente y, además, señala que la agenda será evaluada de manera semestral.En las dos últimas administraciones de la Asamblea lideradas por Guadalupe Llori (mayo 2021-mayo 2022) y de Virgilio Saquicela (mayo 2022-mayo 2023), se presentaron dos agendas y ninguna se cumplió a cabalidad y tampoco hubo evaluación.En la administración de Guadalupe Llori, el 21 de junio de 2021, presentó una agenda parlamentaria anual denominada Minga, con cinco ejes articulados con las bancadas y comisiones especializadas y contemplaba el trámite de 82 proyectos de ley en un año y más acciones de fiscalización a la campaña de vacunación, al Consejo Nacional Electoral, reparto de instituciones públicas, alianzas público-privadas de los puertos, servicios y tarifas eléctricas.Los cinco ejes planteados fueron minga por la salud, educación, cultura, seguridad y gestión de riesgos; minga por la economía, el desarrollo productivo, empleo, derechos laborales y seguridad social; minga por los derechos humanos, las familias y equidad de género; minga por la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades; minga por la ética, transparencia, control social y lucha contra la corrupción.El 31 julio de 2022, el expresidente Virgilio Saquicela presentó la agenda legislativa de su periodo, contenida en cuatro ejes programáticos que incluyó el trámite de 25 proyectos en materia de derechos humanos, seguridad, reactivación económica, desarrollo social y la tarea de fiscalización.En la lista se incluyeron los proyectos como ley que regula el uso legítimo de la fuerza, reformas a la ley de movilidad humana, al código orgánico de planificación y finanzas públicas, salud e higiene menstrual, reformas al Cootad y la ley de carrera sanitaria.Al término de la gestión, el 10 de mayo de 2023, Saquicela realizó una rendición de cuentas y dijo que en su administración se aprobaron 37 proyectos como la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, la ley que promueve la producción, comercialización y fijación del precio de la leche, reformas a la ley de educación intercultural, y señaló que cumplió con la agenda planteada.La elaboración de la Agenda Parlamentaria Anual en la administración de Kronfle está en construcción, pero se plantea que esta surja de los cientos de proyectos que están en trámite en las comisiones o que fueron presentados en periodos pasados.Mientras se pule el documento se seguirán tramitando las leyes que están listas para segundo debate, los vetos y juicios políticos cuyos plazos se suspendieron a raíz de la aplicación de la muerte cruzada el 17 de mayo de 2023.Al momento se aprobaron tres proyectos de ley: de seguridad privada privada para coadyuvar a la seguridad pública, proyecto de ley que regula igualdad salarial entre hombres y mujeres y la ley de prevención de riesgos como herramienta de prevención para enfrentar el fenómeno de El Niño.La agenda que planteará Kronfle al país partirá de un análisis de la problemática de lo que pasa en el país y sus necesidades más urgentes por resolver: seguridad, empleo, salud, educación y lucha contra la corrupción.La propuesta del presidente del Parlamento es reagrupar por materias los 578 proyectos de ley que existen en la Asamblea, y la primera acción que se hizo a nivel del Consejo de Administración Legislativa (CAL) es aprobar la propuesta de condensar 35 proyectos de ley que reformaban el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y convertirlo en uno solo y con ello reducir el número de proyectos.Respecto a los proyectos que están para segundo debate serán expuestos en el pleno de la Asamblea, donde se definirá su aprobación o retorno a la mesa para que en ocho días vuelva la sala de sesiones para el debate y votación.En torno a los vetos se tiene que resolver y están en la agenda inmediata de la Asamblea, así como el proyecto de enmiendas constitucionales que reforma el artículo 158 de la Constitución con el objetivo de que se permita la participación de manera complementaria de las Fuerzas Armadas en las tareas que realiza la Policía Nacional respecto a la protección interna y mantenimiento del orden público, sin que exista una declaratoria de estado de excepción.La agenda irá anclada a lo que Henry Kronfle pretende implementar a inicios de 2024: acercar a la Asamblea Nacional a la gente a través de la activación de 24 casas legislativas que hoy no operan y muchas de ellas fueron desalojadas tras la disolución del Parlamento.En esas casas legislativas los asambleístas de las diferentes zonas del país podrán acudir a esas oficinas para trabajar en territorio, recibir a la gente en cada provincia y realizar audiencias, con lo cual se ‘ciudadaniza’ la función legislativa.También espera regular el tiempo de los asambleístas en el pleno. Esa decisión se tomará una vez que se pase del estado de transición y se recupere el funcionamiento de la Asamblea y tener lista la administración con el personal necesario.Pasando la transición espera estructurar una metodología de trabajo en el Palacio Legislativo, que una semana por mes los legisladores trabajen en territorio, pero para hacer eso se necesitan las casas legislativas; que se fortalezca la participación ciudadana y llevar la Asamblea a los colegios, visitas guiadas a la Asamblea de las diferentes instituciones educativas para que los estudiantes sepan cuál es la función de este primer poder del Estado; además implementar programas de participación ciudadana. (I)

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