Comisión legislativa reactiva fiscalización del caso Las Malvinas antes del informe final

La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional reactivó la acción de fiscalización en el caso Las Malvinas y recibió a tres representantes de organismos de defensa de derechos humanos, antes de redactar el informe final para conocimiento del pleno sobre lo que denominan presunta desaparición forzada, registrada el 8 de diciembre de 2024 en Guayaquil.

Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, describió los hechos según la información obtenida. Narró supuestas violaciones de derechos humanos y reiteró el pedido a la Asamblea Nacional que por el caso Las Malvinas se tiene que iniciar un juicio político en contra del ministro de Defensa, Jean Carlo Loffredo.

Navarrete precisó que una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana detiene arbitrariamente a cuatro chicos en el sector Las Malvinas, y que la patrulla hasta la fecha no ha justificado los motivos para privar de la libertar a los menores; que esa presunción de un supuesto asalto o robo no ha sido documentada.

El defensor de DD. HH. asegura que las cuatro personas fueron subidas al vehículo a punta de golpes, según el testimonio de otros siete adolescentes que acompañaban a estos cuatro menores, que salieron huyendo. Cuando fueron sacados de la jurisdicción y llevados a Taura, según versión de los uniformados, los dejaron en la carretera aproximadamente a las 22:00.

En ese sector reciben ayuda de una persona que les presta su teléfono para hablar con el papá de uno de los chicos que pide que lo vengan a ver y que no demoren. Luego se desconoce el paradero de los detenidos hasta el 24 de diciembre, cuando identifican cuatro cuerpos en el sector; y después, el 31 de diciembre se reconoce que pertenece a los cuatro chicos.

Según Navarrete, el hallazgo de los cuerpos no reemplaza la desaparición forzada, sino que se suma y es un agravante. Por lo tanto, dijo que hay dos procesos judiciales, uno que implicó la detención de 16 elementos de las Fuerzas Armadas y el otro proceso penal por la muerte de los chicos.

Señaló que la manera en que el Ministerio de Defensa ha respondido a los hechos ha sido impertinente, pues lo señalado hasta antes del 24 de diciembre fue negar lo ocurrido bajo la responsabilidad de agentes del Estado y minimizar la detención arbitraria de los menores por parte de la patrulla militar, y señalando que atender la denuncia de las familias era hacerles juego a las organizaciones criminales.

Afirmó que esta situación se une a otra serie de casos documentados por el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, pues dijo que la misma Fiscalía señala que desde el 9 de enero de 2024 hasta la fecha la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza tiene nueve denuncias y procesos de investigación y 15 ejecuciones extrajudiciales, 80 denuncias de tortura y 145 investigaciones abiertas.

Comentó que la situación de las familias de los cuatro menores es dramática e incluso enfrentan momentos difíciles porque no tienen dinero para pagar ni el transporte para acudir a las diligencias.

Mónica Luzuriaga, experta en derechos humanos, coincidió con Navarrete en que el caso Las Malvinas se trata de desaparición forzada y enfatizó que en el contexto que se dio la desaparición hay situaciones no solamente de derechos humanos, sino de inobservancia de los procedimientos que desde la materia legal debieron ser observados por los agentes estatales.

Dijo que se debe tomar en cuenta que entre los cuatro desaparecidos el 8 de diciembre era un niño en función de su edad, circunstancia que no fue observada al momento de ser trasladado y llevado de manera arbitraria conjuntamente con los otros adolescentes. Además, no podía aplicarse ningún tipo de procedimiento policial o militar.

Lorena Jalón, representante del Comité de Defensa de Personas Desaparecidas, también realizó una cronología de los hechos y comentó que sobre el caso Las Malvinas nunca tuvieron una alerta desde organismos oficiales, sino por las publicaciones de los medios de comunicación y luego, el 19 de diciembre, accedieron a información a través del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y corresponde la vigilancia del proceso y pedidos de información a los organismos estatales.

En su exposición dijo que hay al menos 250 casos de desapariciones que incluyen a niños y adolescentes.

La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa, indicó que no hay cifras que coincidan sobre casos de desapariciones en el país, pero que se hace necesario un cruce de información para obtener cifras comunes y reales. Todo lo señalado por los organismos de defensa de los derechos humanos y personas desaparecidas servirán de insumo para la elaboración del informe, cuyo plazo otorgado por el pleno de la Asamblea Nacional sigue corriendo. (I)