El pleno de la Asamblea Nacional, este 10 de septiembre de 2024, archivó dos solicitudes de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, porque según los legisladores, precluyeron los plazos para que la Comisión de Fiscalización conozca la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto de la unificación de las solicitudes de interpelación.
La resolución la tomó tras aceptar, con 78 votos, la inclusión a debate de una resolución propuesta desde la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), a través del asambleísta Otto Vera. El presidente de la legislatura, Henry Kronfle, aceleró el trámite de esta resolución al colocarla antes del tratamiento de los puntos de la agenda legislativa contemplada en la sesión No.959.
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La decisión plenaria se tomó al día siguiente de que la Comisión de Fiscalización, en una accidentada sesión, no calificó las dos peticiones de juicio político presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez (RC) en contra de Salazar, por supuesto incumplimiento de funciones.
En el texto de la resolución se deja sentado que lo sucedido en la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, durante la noche del lunes 9 de septiembre y la madrugada del martes 10 de septiembre de este año, se ha violado el debido proceso estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En consecuencia, carece de eficacia jurídica. Por ello, es pertinente y necesario que el pleno de la Asamblea Nacional, en su calidad de máximo órgano legislativo, se pronuncie al respecto.
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El proponente de la resolución, Otto Vera, argumentó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dispuso a la Comisión de Fiscalización retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político planteados por Gissela Garcón y Héctro Valladarez, en contra de la Fiscal Diana Salazar, y que además, dispuso “autorizar a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que previo a la calificación de los juicios políticos resuelva sobre la acumulación de las solicitudes de enjuiciamiento político”.
La resolución, añadió Vera, llegó el 4 de septiembre a la Comisión de Fiscalización y el 9 de septiembre, en la noche, la mesa de Fiscalización no tramitó lo dispuesto por el CAL, y que el equipo jurídico del bloque del PSC determinó que hubo incumplimiento de los plazos en el proceso de sustanciación del juicio político. El plazo para hacerlo era de cinco días, y las decisiones que tomó la comisión fueron extemporáneas y por lo tanto, la mesa perdió la facultad para tomar decisiones, afirmó el legislador del PSC.
El asambleísta César Umajinga (SUMA-ADN), manifestó que muchos buscaron la impunidad de los prófugos de la justicia, de los corruptos y que querían una venganza.
Ronal González de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa y a su bloque legislativo ADN de pretender “ser el biombo de la deshonestidad, de la negligencia”.
Afirmó que la Fiscalía a través de su titular arremete, intimida y arrincona a quienes no voten a favor de ella; los amenaza con sacarlos a la luz y revelar sus delitos con denuncias.
El representante del bloque Construye, Jorge Peñafiel, dijo que en este proceso de juicio se han visto situaciones vergonzosas, por un lado “pareciendo hienas detrás de una presa, pretendiendo calificar a costa de cualquier cosa un juicio político, como si fuera una presa la señora Fiscal General del Estado”.
Y por el otro lado, añadió, paradójicamente teníamos un oficialismo buscando también su impunidad. No se debe olvidar que en la Comisión de Fiscalización se buscaba la impunidad de la Ministra del Interior, Mónica Palencia.
Vicente Taiano (PSC) dijo que en la Comisión de Fiscalización se cometieron errores al pretender archivar una solicitud de juicio político que fue inicialmente archivado por una moción propuesta desde las filas del correísmo.
Dijo que la mesa de Fiscalización no trató nunca, dentro del plazo de cinco días, la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa que recomendó la unificación de las dos solicitudes de juicio contra Salazar; por lo tanto, cabe la resolución propuesta por Otto Vera para proceder al archivo.
Resolución
El texto de la resolución que fue aprobada con 76 votos vinieron de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Acción Democrática Nacional (ADN), Construye y algunos independientes. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra, mientras que Pachakutik optó por abstenerse.
El texto de la resolución aprobada dispone lo siguiente:
- Artículo 1.- DECLARAR que el Pleno de la Asamblea Nacional es competente para conocer y resolver las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, propuestos por el asambleísta Héctor Guillermo Valladarez González, mediante Memorando n.º AN-VGHG-2024-0061-M, de 13 de mayo de 2024, y por la asambleísta Gissela Garzón Monteros, mediante Memorando n.º AN-GMGS-2023-0079-M, de 27 de noviembre de 2023, por cuanto es el máximo órgano de decisión de la Función Legislativa, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las decisiones de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, en relación a los juicios políticos no son vinculantes para el Pleno de la Asamblea Nacional.
- Artículo 2.- AVOCAR conocimiento de la Resolución CAL-HKK-2023-2025-0453 de 04 de septiembre del 2024, del Consejo de Administración Legislativa, mediante la cual resolvió que, previo a la calificación de los juicios políticos, resuelva sobre la unificación (acumulación) de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, propuestos por el asambleísta Héctor Guillermo Valladarez González, mediante Memorando n.º AN-VGHG-2024-0061-M, de 13 de mayo de 2024, y por la asambleísta Gissela Garzón Monteros, mediante Memorando n.º AN-GMGS-2023-0079-M, de 27 de noviembre de 2023; así como, del Memorando n.º AN-CFCP-2024-0211-M, de 10 de septiembre de 2024, suscrito por el Asambleísta Mgs. Luis Ricardo Alvarado Campi, vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, en la que se señala que: “No se aprobaron las mociones presentadas por las asambleístas Pamela Aguirre Zambonino, enviada por el correo institucional Zimbra (con 4 votos a favor y 5 en contra - no fue aprobada la moción); y, César Umajinga Guamán, enviada mediante Memorando n.º AN-UGC-2024-0054-M (con la votación en contra de 5 Asambleístas presentes no se aprobó la moción)”.
- Artículo 3.- ACUMULAR las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, propuestos por el asambleísta Héctor Guillermo Valladarez González, mediante Memorando n.º AN-VGHG-2024-0061-M, de 13 de mayo de 2024, y por la asambleísta Gissela Garzón Monteros, mediante Memorando n.º. AN-GMGS-2023-0079-M, de 27 de noviembre de 2023, en un único expediente, en razón de existir identidad en el sujeto y conexidad en los hechos, de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
- Artículo 4.- ARCHIVAR las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, propuestos por el asambleísta Héctor Guillermo Valladarez González, mediante Memorando n.º AN-VGHG-2024-0061-M, de 13 de mayo de 2024, y por la asambleísta Gissela Garzón Monteros, mediante Memorando n.º AN-GMGS-2023-0079-M, de 27 de noviembre de 2023.
- Artículo 5.- NOTIFICAR con esta resolución a las partes interesadas y a la Sra. Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, así como publicar la presente resolución en el portal web de la Asamblea Nacional.
Dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. (I)