Con 84 votos favor, 46 en contra, 1 en blanco y 10 votos abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este sábado en segundo debate el proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, llamada ahora Ley de Solidaridad Nacional. La primera de este nuevo periodo Legislativo, enviada por el presidente Daniel Noboa.
La ponente del proyecto fue la legisladora oficialista Valentina Centeno (ADN) y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa del Parlamento. La sesión 009 se instaló pasadas las 19:10 y se prolongó por más cerca de cuatro horas y contó con un total de 23 intervenciones durante el debate.
La normativa incluye medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado, el incremento de penas para el tráfico de combustibles y adecuaciones al régimen de rehabilitación social y un indulto diferido, a fin de evitar que los efectivos policiales y militares sean sujetos de prisión preventiva.
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Centeno abrió el debate reiterando que el trabajo de la mesa que preside estuvo marcado por la seriedad y la responsabilidad y que se aprobó por unanimidad con 10 votos.
“Aquí lo que buscamos es una respuesta contundente contra los grupos narcoterroristas... de todos, también de los jueces y los fiscales y que tienen que estar alineados con la lucha que emprende tanto el Ejecutivo como el Legislativo”, apuntó.
A su vez, explicó que se trata de un texto que incluye nuevos delitos como el de pertenencia a un grupo delictivo y que tendrá penas de entre 22 a 26 años. También habló de otros puntos claves de la Ley como que los jueces y fiscales serán especializados para manejar delitos relacionados con el crimen organizados.
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Explicó la ampliación de tiempos para casos de flagrancia y la medida cautelar que deberá ser la prisión preventiva. Centeno recordó el caso de la comerciante china asesinada en Guayaquil en el que un juez dictó medidas sustitutivas a uno de los presuntos secuestradores.
Centeno agregó que la norma también propone depuración constante, cada seis meses, de las Fuerzas de seguridad para que estas tengan legitimidad y cuenten con integrantes que estén alineados a los objetivos del país. Al igual que programas sociales para fortalecer y generar oportunidades a posibles blancos del crimen organizado, mediante trabajos coordinados con gobiernos seccionales e incentivos para diferentes actividades productivas,
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Además, recalcó que se acogió el pedido del bloque de Pachakutik de que está ley no busca afectar el derecho fundamental a la protesta social. Asimismo, contó que se acogió la propuesta de la Revolución Ciudadana de repotenciar la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
“No solo se establece un régimen punitivo, sino también un régimen preventivo. Cada vez que un niño es reclutado, tenemos una infancia robada”, apuntó.
Centeno finalizó su potencia haciendo un llamado a los administradores de justicia a estar alineados en los objetivos del país para poner fin a la crisis de violencia y de seguridad que atraviesa el país.
Al debate se sumó el legislador Steven Ordoñez (ADN) y destacó que se instaura con la norma un nuevo régimen jurídico especial para estos delitos relacionados con los delincuentes.
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Explicó también que en la ley se establece una disposición para hacer cambios en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) relacionados con que los gobiernos locales puedan invertir en temas de seguridad.
El legislador Sergio Peña (ex RC) participó también en el debate y recordó que fue por esta ley que ha sufrido ataques. Peña recordó el trabajo duro que tienen todos los uniformados al salir día a día de sus casas sin tener la certeza de que volverán.
“El proyecto llegó de una manera y muchos miedos que habían se modularon y hoy les hemos dado certezas. El proyecto se aprobó con 10 votos y así se hace política. La seguridad no tiene bandera política... no te preguntan si eres correísta o eres de ADN, solo te roban o te matan”, apuntó.
Peña instó a los asambleístas a actuar de manera coherente y no pretender combatir la inseguridad con discursos.
Luego intervino la asambleísta Lucía Pozo (ADN) que recordó que la Constitución del 2008 ha terminado beneficiando a los grupos delincuenciales. La legisladora les habló de frente a los grupos criminales que operan en el país y dijo que los deja sin terreno y que equipara financieramente al Estado. Habló de que estos grupos mueven al menos de $10.000 millones al año.
“Esta ley nos permite eliminar las medidas sustitutivas, tendrán que esperar su proceso de juzgamiento en la cárcel que es dónde deben estar”, apuntó.
Adrián Castro, legislador oficialista, arremetió contra los jueces y fiscales que no están alineados con los objetivos del país para enfrentar el crimen organizado. Rechazó que se proteja a delincuentes y que pese a que se den las herramientas necesarias desde las otras funciones del Estado no pueda haber un respaldo real.
“La ley es una herramienta más, no es una receta, pero está ley aborda temas complejos y da golpes duros”, dijo.
Se sumó al debate el legislador Raúl Chávez (RC-RETO), quien recordó que nadie se puede oponer a esta Ley, pero recordó que la Asamblea Nacional en su periodo anterior aprobó varias normas relacionadas con el combate del crimen organizado y la seguridad nacional.
Chávez instó a trabajar sin jugar con los sentimientos de los ecuatorianos y dijo que desde que se sentó en su curul lo que busca es cambiar la realidad de quiénes lo eligieron en las urnas.
Además, habló de votar el proyecto por secciones y que en caso de sea aprobado por completo se cree una comisión multipartidista que vigile el cumplimiento de este nuevo marco jurídico.
El legislador Otto Vera (PSC) recordó la alta expectativa que existe por el proyecto entre la población y dijo que es momento de actuar propositivamente y dejar en claro a los delincuentes que existe un Estado fuerte y que el miedo deben sentirlos ellos y no las familias ecuatorianas.
En el debate intervinieron también otros legisladores como Álex Morán (ADN) y Mónica Salazar (ex RC) que destacaron que la ley fortalece al Estado.
Morán presentó un pequeño video en el que exlegislador Ronny Aleaga reconocía que fue parte de los Latin King y dijo que no se debe volver a tener en la Asamblea Nacional a perfiles como ese.
Al debate su sumó también Samuel Célleri (ex PSC), quien recordó que este proyecto es darle cumplimiento a lo que se ofreció en campaña, cuando estuvieron en territorio y los ecuatorianos les pedían hacer algo por la inseguridad y la delincuencia.
Juan Pablo Molina, legislador de RC, afirmó que en la Asamblea Nacional hay más violencia que en las calles del Ecuador y rechazó las acusaciones contra su organización política provenientes desde otros bloques políticos. Increpó a Morán por decir que es de territorio.
Dijo estar a favor de proteger a los uniformados, pero no están de acuerdo sobre las donaciones que plantea el proyecto tendrán un efecto en la disminución del impuesto a la renta.
Morán pidió réplica para rechazar las acusaciones de Molina y que se diga que ha tratado de delincuentes y de forma violenta al hablar de Aleaga. El legislador dijo que no es mentira lo que ha afirmado sobre el exlegislador, ya que se encuentra prófugo de la justicia al igual que el expresidente Rafael Correa, líder de la RC.
Luego otras intervenciones, la última fue del legislador José Nango (PK), quien rechazó las amenazas de su partido Pachakutik sobre expulsarlos si respaldan el proyecto de Ley.
Nango instó también a la segunda vicepresidenta del Legislativo, Carmen Tiupul, también de PK, a no tener miedo y recordar que pertenecen a las bases del movimiento y no sirven a los dirigentes de turno.
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