Asamblea Nacional aprobó ley para financiar vivienda social con donaciones privadas

Con 83 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones de entre 146 legisladores presentes, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en la ciudad de Machala el proyecto económico urgente que reforma la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional.Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, precisó que actualmente 720.000 familias no cuentan con una vivienda digna. Por ello, al aprobarse este proyecto de ley, las empresas podrán destinar o pagar su impuesto a la renta mediante la construcción directa de viviendas de interés popular.Por su parte, la asambleísta ponente, Valentina Centeno, durante la presentación del documento final de votación señaló que “por la importancia económica, productiva y social de esta tierra, y, sobre todo, por los miles de familias orenses que merecen una casa digna, que merecen un techo gratuito y seguro donde vivir, esta ley de vivienda social, enviada por el presidente Daniel Noboa Azín, representa mucho más que una norma. Se trata de hacer justicia con quienes estuvieron en el olvido, de darles una mejor calidad de vida, fortalecer su estabilidad, su salud, su seguridad y, sobre todo, su futuro”, subrayó.El debate previo a la votación continuó en la sesión de este lunes y participaron en total 31 legisladores. Algunos destacaron los beneficios que traerá la nueva norma.Los legisladores Steven Ordóñez, Jorge Chamba, Esperanza Rogel y Adrián Castro, de la bancada oficialista, estuvieron entre los que participaron en el debate. Coincidieron en que es momento de dejar de lado las diferencias y pensar en los más necesitados.Al darse la sesión en Machala, los legisladores de esa provincia mencionaron que existe un déficit habitacional del 13 %.A su vez, los legisladores de oposición cuestionaron la norma y apuntaron que el problema de vivienda no se soluciona solo con entrega de casas, sino que es realmente un problema estructural.El asambleísta Ricardo Patiño, de la Revolución Ciudadana, fue uno de los que cuestionaron el texto y a su vez reclamó que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, no le ha concedido la palabra en varias sesiones. Esto fue desmentido por Olsen, quien solicitó al secretario del Parlamento la información sobre la última vez que Patiño solicitó la palabra y se indicó que esto fue el pasado 28 de enero.El proyecto propone reformar la normativa tributaria para permitir que empresas privadas destinen hasta el 30 % de su impuesto a la renta causado a la construcción de viviendas de interés social.Estas viviendas serán 100 % gratuitas , incluirán casa y terreno, y tendrán un valor de hasta $ 65.000 . Están dirigidas a familias sin vivienda o que habitan en condiciones precarias. Además, se contempla el segmento 2 , que incluye a hogares que requieren un subsidio parcial y pueden completar el financiamiento mediante crédito.La norma establece un plazo máximo de 90 días para la entrega de las viviendas desde la firma de la escritura. En caso de incumplimientos o fallas, el Estado podrá exigir la devolución del beneficio tributario.El proyecto crea un incentivo tributario temporal (2026-2029) que permite a los contribuyentes acceder a una rebaja de hasta el 100 % del valor donado en el impuesto a la renta , con un tope del 30 % del impuesto causado. Este beneficio aplica tanto para viviendas con subsidio total como para aportes a financiamiento parcial.Para acceder al incentivo, se deberán firmar convenios con el ente rector de vivienda , y su cumplimiento será verificado mediante actas de entrega o escrituras. El monto considerado para la rebaja será el valor técnico de la vivienda, sin incluir el terreno cuando pertenezca al beneficiario.La ley también regula el uso de suelo, permitiendo construir en terrenos del Estado, donados o propios de los beneficiarios , y se articula con normas de ordenamiento territorial para agilizar permisos y declarar estos proyectos como estratégicos.Asimismo, el ente rector elaborará un catálogo anual de necesidades de vivienda , priorizando zonas con mayor déficit habitacional, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. El impacto fiscal y económico será evaluado cada año, y el monto del gasto tributario será definido según la sostenibilidad de las finanzas públicas.La normativa busca reducir el déficit habitacional, dinamizar la economía y generar empleo , especialmente en sectores vinculados a la construcción. Entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial. (I)

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