Las familias que no cuentan con viviendas o que habitan en condiciones precarias o inseguras —como casas de caña, con pisos de madera o tierra, o techos de zinc— podrán ser certificadas como beneficiarias de vivienda de interés social. Estas últimas serán reconstruidas desde cero mediante el apoyo de la empresa privada, que podrá destinar parte de su impuesto a la renta a este fin.