Con 136 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió la tarde de este miércoles 21 de mayo aceptar la renuncia de Diana Salazar al cargo de fiscal general del Estado, enviada el día anterior.
En el oficio, la ahora exfiscal anunció que finalizará sus labores este jueves.
Luego que se dio lectura a la carta de la fiscal Salazar se abrió el debate en el que participó solo el legislador Andrés Castillo, de ADN, quien mocionó que se acepte la dimisión de la fiscal.
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Castillo destacó la labor de la autoridad saliente pese a que tuvo que actuar en medio de detractores y subrayó los casos emblemáticos que llevó adelante Salazar.
En el oficio enviado por Salazar al Legislativo anunció que se radicará fuera del país, pero no dijo dónde. Tras su renuncia, el cargo de fiscal titular lo asumió Wilson Toainga, quien se desempeñaba como fiscal subrogante. Ambos están prorrogados en sus funciones desde el pasado 8 de abril.
“Me voy con la frente en alto, a sabiendas de que los mafiosos no me perdonarán haber desmantelado sus redes criminales ni haberlos desenmascarado cuando, bajo el disfraz de salvadores de la patria, en realidad la estaban saqueando. Desde el inicio de mi gestión he vivido bajo amenaza constante y he perdido la libertad de moverme con normalidad. Por ello, he tomado la difícil pero necesaria decisión de radicarme fuera del país”, señaló la exautoridad en la carta.
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Salazar estuvo en el cargo por seis años y 43 días. Su periodo concluyó en abril pasado, pero se prorrogó en funciones porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha concluido el concurso para escoger a su sucesor.
En la misiva, la exfuncionaria señaló que por su experiencia de muchos años en la institución “conocía los desafíos que tendría que afrontar” como fiscal general. “Sin embargo, debo confesar que no imaginé hasta qué punto la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado habían penetrado en el Ecuador”.
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Salazar explicó que por no comulgar con corruptos ni criminales, “los ataques fueron constantes y despiadados”.
“Intentaron doblegarme con insultos, recurriendo a redes sociales y ejércitos de troles que exhibieron no solo su ignorancia, sino también su machismo y racismo, denigrando mi condición de mujer afroecuatoriana”.
“Buscaron aliados en la Asamblea Nacional para tenderme emboscadas y promover un juicio político sin fundamentos, más cercano al despropósito que al debido proceso”.
La ahora exfiscal agradeció a su equipo de trabajo, a los funcionarios honestos de la Fiscalía, a los investigadores de la Policía, a su cápsula de seguridad y a los jueces que actuaron con transparencia, a los países que cooperaron con su trabajo, a los medios de comunicación, a los ciudadanos que apoyaron su labor, a sus amigos y a sus críticos “serios”.
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“Me retiro con mi mayor tesoro intacto: la conciencia tranquila. Sé que aún quedan tareas por completar. También sé que cuando enfrenté dilemas propios del ejercicio del derecho actué no solo conforme a la ley, sino con rectitud de intención y con el firme propósito de hacer lo correcto. No obstante, soy consciente de que siempre se pueden cometer errores”, escribió.
Antes, en la misma sesión, los legisladores conocieron y debatieron el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias. La ponente del proyecto fue la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.
En este debate intervinieron varios legisladores, como Jorge Chamba, Mario Zambrano, Mónica Palacios, Andrés Guschmer, Francisco Cevallos, Jannina Rizzo, entre otros, quienes destacaron varios aspectos de este proyecto que propone soluciones para ciudadanos que son afectados en situaciones cotidianas como consumidores y usuarios de productos y sistemas. (I)
