Con 142 votos a favor y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este domingo, 21 de diciembre, llamar a comparecer a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que “informe sobre hechos de conocimiento público relativos a presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y demás asuntos inherentes a sus competencias”.
Se definió que la comparecencia se realice de manera presencial ante el pleno y de forma indelegable dentro de los próximos ocho días término, contados desde la resolución y suspendiendo, de ser necesario, el receso legislativo a partir del lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026. Asimismo, empezar una fiscalización a cargo de la mesa de Justicia.
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Antes de la votación, con los 143 legisladores presentes, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, abrió el debate, y el asambleísta Andrés Castillo, de ADN, dijo que es necesaria la fiscalización, más aún en momentos en que el país tiene “una Asamblea distinta”.
Castillo se refirió a la renuncia del juez Carlos Serrano, que no fue aceptada por el CJ por mantener causas de conmoción social. El legislador fue proponente de la moción de una resolución de que, en un plazo de ocho días, se dé la comparecencia de Godoy para que aclare “todos los rumores” y “absuelva todas las dudas que se pueda tener”.
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En la misma moción, Castillo planteó que la mesa de Seguridad inicie la fiscalización de todos los rumores o supuestos hechos que han circulado en los últimos días relacionados con Godoy.
En el debate participó también el legislador Otto Vera, quien mencionó los rumores de escándalos y presiones. Dijo que no son lo que el país necesita y recordó el caso de la jueza Nubia Vera, quien recibió supuestas presiones, y recordó que en ese momento el Parlamento también debió emprender una fiscalización.
“El CJ no ha dado la talla para enfrentar la crisis judicial que vive Ecuador. Y, como complemento a la moción, pido un alcance para el caso de la jueza Vera. Y luego de este proceso de fiscalización, reestructurar el Estado y que a instituciones como estas no se les permita la metida de mano en la justicia”, apuntó.
Al debate se sumó el asambleísta Raúl Chávez, quien dijo que el plazo de 8 días era muy extenso y que es necesario que sea en al menos 48 horas y que se suspenda la vacancia legislativa si es necesario.
“Las acusaciones han sido contundentes y debemos darles respuestas a los ecuatorianos... Esta sería una forma de demostrarles a los ciudadanos que en la Asamblea buscamos la verdad”, apuntó.
El legislador independiente Pablo Jurado manifestó que la fiscalización es necesaria y que el Estado no puede estar ausente.
La asambleísta del correísmo Viviana Veloz expresó que la convocatoria de este domingo resulta insuficiente ya que es necesario que comparezca en el pleno el juez Serrano también, y reiteró que es necesario suspender el receso legislativo.
Veloz expresó que este tema no se debió tratar vía telemática y recordó que, en caso de que Godoy tenga responsabilidad, deben responder las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana por haber designado a Godoy pese a impugnaciones, y también la Corte Nacional de Justicia, quien lo puso dentro de la terna para presidir la Judicatura.
La legisladora resaltó que es necesario reactivar juicios políticos en conta de Godoy, quien ya se salvó de un proceso de estos meses atrás, cuando fue presentado por el entonces legislador Jorge Peñafiel, y también contra otros responsables de ser necesario.
Ante los pedidos de que la comparecencia sea en 48 horas, Castillo recordó que es necesario respetar el debido proceso y dar el tiempo necesario a Godoy para que prepare su defensa y se respete el derecho al debido proceso, como dicta la constitución vigente.
Inés Alarcón, legisladora de ADN, recordó que el país ya vivió épocas de intromisión del poder político en la justicia durante el gobienro de Rafael Correa.
“En este Parlamento no hay espacio para el silencio cómplice... Nuestra bancada aprueba la moción del legislador Castillo”, insistió.
El asambleísta Xavier Lasso insistió también en suspender el receso legislativo e instó a que Godoy comparezca ante la Comisión de Justicia cuanto antes posible.
La legisladora de Pachakutik Mariana Yumbay recordó que es importante que en un Estado de derecho la fiscalización a Godoy se ejecute ante todos los rumores de presiones contra magistrados, como ha circulado en los últimos días.
“El CJ no está para presionar a los jueces. Está para garantizar que los jueces dicten sus decisiones en el marco de los elementos presentados”, apuntó.
Al debate se sumó también la asambleísta Rosa Torres, quien aseveró que la realidad que vive la justicia en el país es producto de administraciones anteriores, y manifestó que aclarar las denuncias públicas sobre las presiones recibidas y falta de seguridad expresadas por el juez Serrano es lo que interesa.
Torres recordó que en su mesa legislativa se están tramitando las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que “pondrán la reglas para el sistema de justicia”.
¿Qué rumores han circulado?
Los rumores se dan tras las alertas del juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con el Crimen Organizado Carlos Serrano, sobre riesgos y amenazas a su integridad.
El juez Serrano informó, mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2025, al director provincial de Pichincha que su análisis de riesgo emitido por el Ministerio del Interior había vencido el 30 de septiembre de 2025, y desde la Judicatura se mencionó que, conforme a una nueva evaluación, se determinó un nivel medio de riesgo, del 38 %, que no justificaba la asignación de resguardo personal.
El juez Carlos Serrano presentó su renuncia debido a riesgos y amenazas a su integridad, generados en la tramitación de una causa en la que se sentenció un esquema de lavado de activos relacionado con el narcotráfico, pero no fue aceptada.
El magistrado además integra el tribunal de juicio del caso Triple A, en el que es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
(I)