El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) analiza qué acciones tomar frente a la decisión de la Prefectura del Guayas de ampliar por 30 años más los contratos de concesión de las vías de la provincia de las empresas Conorte S. A. y Concegua S. A.

Así lo indicó el abogado Carlos Cruz, quien es el coordinador de asesoría jurídica de la secretaría de Estado.

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En marzo de 2025, la Prefectura del Guayas amplió por 30 años más los contratos de ambas empresas, que originalmente vencían en julio de este año. Lo hizo basándose en una herramienta que se denomina Restablecimiento del Equilibrio Económico-Financiero 7 (REEF), por la cual se reconoce a las empresas concesionarias un monto económico para ajustar la brecha entre la tarifa que paga el usuario y el costo real de la infraestructura vial.

Por cuenta del REEF 7, Conorte habría recibido de la Prefectura $ 323 millones; y Concegua, $ 193 millones. En total suman $ 516 millones.

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Cruz explicó que en la década de los 90 el extinto Ministerio de Obras Públicas suscribió convenios de delegación de competencias de la red vial estatal que corresponde a Guayas a la Prefectura. Primero en 1994, luego en 1997 y después en 1998.

En ellos se establecieron algunas cláusulas para que Guayas, a su vez, concesione las vías a terceros. Una de ellas fue que la institución estaba obligada a presentar periódicamente al ministerio informes técnico-económicos de cómo se estaban manejando y los servicios ofrecidos. Algo que, según el funcionario, no se ha estado cumpliendo.

Cruz refiere que, desde enero de 2024 hasta marzo de este año, el ministerio envió varios pedidos de información a la Prefectura sobre los contratos, que no respondió o lo hizo de manera parcial.

Por eso recién en enero de este año conocieron la extensión del contrato con Conorte y Concegua.

“A estas dos compañías se les extendieron los contratos de concesión por 30 años. Se firmaron en marzo de 2025. La Prefectura nos comunicó recién sobre el REEF en agosto de 2025. El REEF es aquel instrumento técnico-financiero que permite establecer si es necesario modificar las condiciones técnicas económicas de un contrato para restablecer el equilibrio económico, que la Prefectura lo conoce y, evidentemente, lo aprueba antes de suscribir el contrato modificatorio que extiende el principal. Sin embargo, ese documento fue informado recién al ministerio cinco meses después de ya haberse firmado el contrato que extiende el plazo, en enero de este año”, relató Cruz.

A criterio del jurista, esto “atenta, uno, contra las obligaciones que están en el convenio (informar la situación de la concesión) y, dos, contra un principio básico de transparencia en la administración pública”.

Las opciones que maneja el MIT

Dicho esto, Cruz sostiene que ahora el ministerio “está haciendo el análisis pertinente para definir la consecuencia jurídica del incumplimiento” de la Prefectura.

Una podría ser que se eche abajo el convenio de delegación entre el MIT y la Prefectura suscrito años atrás y que permitió la concesión de las vías de Guayas. Para llegar a esa conclusión, sin embargo, necesitan más información que la Prefectura no ha querido proporcionarle al MIT, afirma. Y por ello han solicitado la intervención de la Contraloría General del Estado.

“La extensión del contrato de concesión se basa en ciertos motivos técnicos y económicos que no conocemos, porque la Prefectura no nos ha dado la totalidad de la información que hemos requerido para poder hacer un análisis y decir: ‘OK, está bien. O no, está mal’, y emitir nuestra opinión como ente rector. El 9 de marzo hemos comunicado esto a la Contraloría, precisamente porque la Prefectura nos dijo que nosotros no somos una entidad de fiscalización y por eso no nos dan la información que requerimos. Que solamente la Contraloría puede pedirle eso y, tomando la palabra de la contestación de la Prefectura, le hemos dicho: ‘Pídale esto a la Prefectura, porque tenemos la idea de que la extensión del contrato no se realizó correctamente en función de las justificaciones técnicas y económicas necesarias’”, señala el abogado del MIT.

Una vez que reciban esta información podrán determinar si hay indicios de perjuicio al Estado y, de ser así, “lo que corresponde es pedir la nulidad de esa extensión del contrato de concesión para Conorte y Concegua” en un tribunal contencioso administrativo, que es la otra opción que manejan.

Carlos Cruz aclara que si se da de baja el convenio de delegación entre el MIT y la Prefectura no quedarían en el aire. Lo que ocurriría es que la competencia de la administración de las carreteras del Guayas —y por ende de los contratos de concesión— volvería al MIT.

Y en el caso de que se resuelva la nulidad de las extensiones de los contratos, estos terminarían en julio de 2026.

¿Y qué pasaría? “Tienen que darse varias circunstancias. Primero, la terminación del convenio (de delegación) con la Prefectura. Luego, la declaratoria judicial de la nulidad de las extensiones de los contratos de Conorte y Concegua. Y una vez que eso suceda, retornando la competencia de la administración de la red vial del Guayas al ministerio, es este el que establecerá la modalidad adecuada para la administración de esas vías. Y dentro de la modalidad adecuada está lo más básico, desde la administración directa hasta las concesiones y delegaciones a gestores privados, que es lo que usualmente se hace, porque es más eficiente”, menciona Cruz.

La Prefectura del Guayas, a través de su viceprefecto, Carlos Serrano, ha defendido la extensión de los contratos de concesión.

“El REEF 7 no solo regulariza el equilibrio del contrato, también incorpora nuevas inversiones, modernización tecnológica, seguridad vial y ampliación de ejes estratégicos para la provincia. ⁠La Prefectura estableció mejoras a las condiciones del modelo a favor de la provincia incorporando servicios ajustados a la realidad actual del país: alumbrado público en la vías, puntos de seguridad en peajes, cámaras de seguridad con inteligencia artificial, modernización de peajes y, lo más importante, capital fresco por $ 111 millones nuevos en inversión que nos permitirán ampliar ejes viales en toda la provincia, que además se traduce en empleo y mayor productividad para la provincia. Eso significa más obras, más empleo y más desarrollo para Guayas”, dice en X.

Actualmente, Guayas tiene concesionados 581,74 kilómetros de vías, según un estudio del MIT: 333,64 kilómetros en el norte de la provincia están cubiertos por Conorte, mientras que Concegua tiene 248,10 kilómetros. (I)