Representantes de autoridades y de grupos afines al exvicepresidente Jorge Glas comparecen desde las 09:00 de este 18 de mayo a la audiencia de apelación al habeas corpus concedido a su favor en abril pasado. Esta se desarrolla en la Corte Provincial de Santa Elena.

Estos delegados exponen sus alegatos judiciales recogidos en una serie de amicus curiae (escritos de un tercero interesado que no es parte del proceso) presentados en el caso.

En tanto que el abogado de Glas, Édison Loayza, no participó en la diligencia porque indicó que está enfermo.

Como beneficio del habeas corpus, Glas salió de la cárcel de Latacunga en abril pasado y cumple en libertad dos sentencias por asociación ilícita y cohecho, en los casos Odebrecht y Sobornos, y una tercera condena por peculado en el caso Singue aún no está en firme.

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La apelación fue presentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y la Procuraduría General del Estado.

El primer amicus curaie en exponerse fue el planteado por la fiscal general Diana Salazar. Su abogado señaló que el pedido de habeas corpus presentado por la dirigente correísta Nicole Malavé vulneró el debido proceso.

Como Fiscalía, dijo, encontraron al menos tres situaciones que vulneraron el debido proceso.

Primero, que se registró un mal manejo Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) ya que no se refleja un acta de sorteo en el sistema y solo existe un acta manual, irrespetando el proceso administrativo, dijo.

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El representante de la Fiscalía explicó que tampoco existió la notificación a la Procuraduría General y al procurador Íñigo Salvador. “El SNAI no cuenta con personería jurídica, no tiene competencia de representar al Estado en estos procesos”, apuntó y agregó que todo esto representa una infracción gravísima y la falta de transparencia a través del sistema Satje no permitió presentar los argumentos necesarios.

En segundo lugar compareció una abogada del Ministerio de Salud en representación de Galo Guarderas Villafuerte, quien consta como el delegado de la ministra Ximena Garzón.

La jurista mencionó que el ministerio no fue notificado según lo que determina la Ley, ya que es la autoridad sanitaria la que tiene la potestad de brindar atención dentro de las cárceles y dar información sobre la situación de salud de un preso.

Además, indicó que Glas sí recibió atención en apego a la ley y que tienen registros de 286 de ellas desde el 21 de noviembre de 2018 hasta el 6 de abril de 2022, en medicina general, atención psicológica, odontológica, entre otras especialidades, y que siempre recibió medicinas.

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Además, argumentó que la confidencialidad y el manejo clínico nunca fueron vulnerados y que si esto fue tomado para el habeas corpus es porque no pudieron entregar la documentación al inicio del proceso y que solicitan se constate.

Otra de las intervenciones fue la de Eduardo Franco Loor, exabogado de Glas, quien manifestó que existe gran presión en contra de este habeas corpus y mencionó que es necesario que se haga justicia y no proceda la apelación.

Además, apuntó que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece que la Procuraduría puede intervenir cuando las instituciones no tengan personería jurídica, lo que sí tendría el SNAI por poseer autonomía administrativa. “Ustedes no van a sucumbir ante la presión política, señores jueces”, subrayó.

Jorge Washington Rojas, quien compareció en favor de Glas, manifestó que lamentaba que las defensas de Glas, Malavé y Moscoso no hayan podido acudir y denunció que el representante del Gobierno de Alemania no pudo ingresar.

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Rojas indicó que trabajó en la cartera de sectores estratégicos en los años 2010 y 2011, en los que pudo constatar que Glas tomaba entre 25 y 30 medicamentos constantemente.

“En cuatro años, cada cinco días pidió atención médica, según lo que dice el ministerio... No hay insumos ni reactivos, no se puede dar verdadera atención”, alegó y añadió que en caso de revertir la medida, esto podría tener consecuencias en otros procesos en beneficio de los derechos de otros ciudadanos.

Alfonso Ortiz, activista de derechos Hhumanos, denunció que con base en lo manifestado por el Ministerio de Salud, Glas es el único preso al que se le ha atendido tantas veces, y que es poco probable que digan que desconocían su paradero, cuando es de conocimiento que contaba con privilegios y guías penitenciarios exclusivos para él.

“Salió, hizo una caravana, eso no es normal si está mal psicológicamente, lo normal es que salga y sea tratado en una clínica o en manicomio y no andando por la calle”, apuntó.

El exasambleísta Andrés Páez fue otro de los ciudadanos que presentaron su amicus curiae y mencionó en su intervención que el habeas corpus para Glas no procede.

“El Tribunal tiene que observar otras incongruencias que aparecen en el proceso, como las horas, la firma del secretario y no del juez, se dice en el habeas corpus que Glas ha sido amenazado de muerte al menos 70 veces, es decir, más o menos 2.000 veces menos de las que he sido amenazado yo por él y por sus correligionarios”, subrayó. (I)