La mañana de este viernes, 26 de septiembre del 2025, a través del diario estatal El Telégrafo se conoció de la ejecución del operativo denominado Operación ‘Fénix 294–Canillita’ por el cual se realizaron siete allanamientos a inmuebles en Guayaquil y el traslado de once personas para que rindan versión en la Fiscalía de Guayas en un caso que indaga un supuesto delito de defraudación tributaria relacionado con la empresa Gráficos Nacional S. A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra.

Citada por la nota periodística, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción indicó que los implicados habrían realizado “operaciones y transacciones comerciales irregulares con la empresa”.

Según los reportes económico-financieros, las supuestas “maniobras de evasión de impuestos habrían causado un perjuicio de aproximadamente $ 600.000 al Estado ecuatoriano durante 2023 y 2024″, indicó el medio estatal.

Publicidad

Este es el más reciente episodio en la polémica entre Granasa y el gobierno del presidente Daniel Noboa. Pugna que, según la empresa, es consecuencia de las investigaciones periodísticas que ha publicado en las últimas semanas.

El 11 de septiembre pasado, en un boletín que llegó a los medios de comunicación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que había iniciado auditorías a 15 contribuyentes dedicados a la venta de periódicos al por mayor, “tras identificar inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. No los identificó.

“Las verificaciones preliminares evidenciaron que las ventas reportadas por estos contribuyentes no guardan relación con el volumen de periódicos adquiridos. En los ejercicios fiscales 2023 y 2024, las compras realizadas por este grupo, reportadas por terceros, superaron los cinco millones de dólares, mientras que sus declaraciones presentaron ingresos inexistentes o montos mínimos”, indicó.

Publicidad

“Adicionalmente, se detectó que varios de estos contribuyentes tributaban como negocios populares, con el aparente objetivo de ocultar sus operaciones reales y aprovecharse de los beneficios de los regímenes simplificados”, se manifestaba en el comunicado del SRI.

Citaba, además, al exdirector del organismo, Damián Larco (hoy vocal del Consejo de la Judicatura), que advertía que estos hechos podrían configurar un presunto delito de defraudación tributaria, sancionado en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena de hasta diez años de cárcel.

Publicidad

Luego, el pasado 17 de septiembre, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), director general encargado del Servicio de Compras Públicas (Sercop) y del Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero, acusó a la compañía (aunque tampoco la mencionaba directamente) de supuestamente usar a canillitas como fachada para evadir impuestos.

“Esa empresa recurrió a 75 vendedores de periódicos conocidos como canillitas, usándolos como facha para introducir, principalmente en efectivo, más de cinco millones de dólares al sistema financiero nacional y a sus propias cuentas”, dijo el funcionario en un video colgado en redes sociales.

Este esquema, según Neira, consistía en que los vendedores de periódicos hacían depósitos bancarios que “beneficiaban directamente a la estructura de la compañía, encontrando además múltiples vínculos familiares entre quienes figuran como depositantes del dinero”.

A la vez, aseguró Neira, había otros 36 proveedores que facturaban $ 6 millones a la misma empresa sin que exista evidencia de un servicio real, “lo cual dibuja un patrón sospechoso”.

Publicidad

Neira también advirtió que la “evasión tributaria es un delito” que se sanciona con diez años de cárcel.

La respuesta de Granasa

Granasa se defendió de estas acusaciones, en un comunicado difundido en sus redes sociales ese mismo día, cuestionó que a pesar de las múltiples ocupaciones que se le han asignado a Neira, “le ha quedado tiempo para entremeterse en un asunto que no está vinculado con su polifacético cargo: los impuestos”.

“En un video de tres minutos, evidentemente producido por los publicistas de Carondelet, acusa a Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, desde la claqueta inicial, de usar a canillitas como fachada para evadir impuestos. Reproduce así la campaña de troles que diario Expreso denunció la semana pasada, evidenciándose como el verdadero autor intelectual de ese operativo de desprestigio”, posteó la compañía.

“Su propia acusación, que ahora repite al fin de frente, equivale casi a una sentencia anticipada. La verdad es que la investigación que Neira pretende falsamente haber resuelto ya, recién está empezando”.

En el comunicado se indicó que la empresa estaba dispuesta a entregar toda la información que sea requerida por el SRI en el marco de sus investigaciones por supuesta evasión tributaria. “Pero no admitirá que un funcionario político gubernamental emita sentencias anticipadas con respecto a su conducta tributaria, y menos como un intento de intimidar a este medio”, se anotó.

En tanto que el pasado 22 de septiembre, la empresa señaló en un video en Instagram, titulado “¿Por qué el Gobierno nos ataca?“, que todas estas acusaciones son parte de “una campaña de desprestigio” en su contra, y que no tienen ningún sustento, que surgieron de sus investigaciones sobre Progen, la crisis del IESS y el tráfico de oro; y sus críticas a la invitación que le hizo el asambleísta oficialista, Ferdinan Álvarez, al sentenciado Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización. “Todo esto incomodó al poder”.

Ahí explicaron cómo funciona el esquema de distribución de los medios que edita. “Los voceadores y distribuidores no son empleados del diario, son clientes independientes, compran los periódicos y los venden por su ceunta junto con otros productos... Si alguno de ellos declara mal sus impuestos, es responsabilidad de ellos, no de la empresa editora.

“EL SRI debería concentrar sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores tributarios del país y no en usar a los voceadores ni a la prensa como excusa para montar una campaña contra los que no se someten a la línea oficial”, se indicó en el video.

Hasta el cierre de esta nota, los directivos de Granasa no se habían pronunciado sobre los allanamientos de este viernes 26. (I)