Alistan pruebas para investigar a Guadalupe Llori por gestionar cargos públicos

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, será acusada de gestionar cargos públicos en su provincia de Orellana. La denuncia la prepara el legislador Bruno Segovia (antes Pachakutik), a quien el Comité de Ética le pidió presentar la denuncia y las pruebas respectivas.

Segovia dice que tras el feriado de Semana Santa presentará la denuncia, y que ante las acusaciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que hay gente que extorsiona, pide puestos, dinero y acusó de ladrones de toda la Asamblea, señaló que esa denuncia no debe ser selectiva, que debería denunciar a todos a quienes pidieron puestos, pues recordó una conversación que tuvo con Guadalupe Llori, en su despacho, donde le dijo que “ella había puesto a todos los funcionarios de Orellana, hasta el último teniente político”.

Guillermo Lasso solicita a la Fiscalía que investigue a cinco asambleístas de Pachakutik, quienes habrían gestionado supuestos beneficios económicos a cambio de votos

Comentó que a esas expresiones no le había dado mayor importancia, pero sí le manifestó que el Consejo Político de Pachakutik al que se pertenecía el legislador había resuelto que ningún militante acepte un puesto ni ningún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sino serían expulsados.

Segovia afirmó que cuando el primer mandatario lanzó la denuncia en contra de cinco asambleístas de Pachakutik corroboró la información y determinó que si hay gente cercana a ella (Guadalupe Llori), pues se conoce que en la provincia de Orellana la presidenta de la Asamblea maneja todo y por ello, dijo, hizo la denuncia pública.

“Me ratifico y digo públicamente lo de Orellana, si sale a desmentir Guadalupe Llori, es fácil comprobar, es la palabra de ella contra la mía; pero es fácil comprobar, veamos quién es el gobernador, jefe político y veamos nombramientos, a qué filas pertenecen, dónde trabajaban antes, porque la mayoría son exfuncionarios del Consejo Provincial, son gente muy allegada a ella”, afirmó. Llori, antes ocupó el cargo de prefecta en la provincia de Orellana, a quien hoy representa en la legislatura.

El representante del Azuay dijo que tiene las pruebas y es público, por eso no ha salido a desmentir, “la señora anda por los tejados ya debería dar un paso al costado por dignidad, pero el Gobierno la mantiene a un costo muy alto, es parte de la negociación de tener a la señora como peón dirigiendo la Asamblea”, apuntó.

El Gobierno, añadió, le salió más caro sostener a Guadalupe Llori que llegar a la presidencia, pues es cuestionable todo lo que está pasando, porque la libertad de Jorge Glas también es parte de todo esto, donde se echa al traste todo la estructura jurídica del Estado, y un silencio en la Asamblea que asombra.

El presidente del Comité de Ética, Segundo Chimbo, afirmó que llamaron la atención a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), así como a todos los asambleístas, frente a las denuncias presentadas por supuesta gestión de cargos públicos como lo denunció el presidente de la República.

También el Comité exhortó a las bancadas y asambleístas para que presenten las denuncias y pruebas correspondientes sobre los hechos públicamente denunciados y comunicados el 26 de marzo de 2022 por el presidente de la República que, presuntamente, podrían hallarse incursos en las prohibiciones establecidas en los artículos 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre gestión de cargos públicos.

También exhortó al asambleísta Bruno Segovia para que presente la denuncia correspondiente sobre los actos públicamente denunciados en contra de la presidenta de la legislatura.

El 26 de marzo de 2022, el primer mandatario remitió una comunicación escrita a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la cual afirmó que colaboradores de su despacho mantuvieron el 22 de marzo de 2022 una reunión, de carácter político, con ocasión del tratamiento del último proyecto de ley calificado como de urgencia económica, cinco asambleístas: Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y con el asesor de este último, Marcelo Rosero; presuntamente habrían solicitado beneficios económicos como contraprestación de su voto afirmativo a favor del proyecto de ley de interés del Ejecutivo.

El 31 de marzo de 2021, el asambleísta Bruno Segovia declaró públicamente: “Es vox populi que hay asambleístas que controlan provincias, sin embargo, en el caso concreto de la señora (Guadalupe) Llori -en su despacho conversamos-, ella tiene un conflicto con la prefecta de Orellana, Magaly Orellana. Ella manifestó ‘yo puse hasta el último teniente político en Orellana’; y si es que la señora Guadalupe Llori sale a desmentir, es fácil, veamos quién es la gobernadora de la provincia de Orellana. Es la alterna del exasambleísta Eddy Peñafiel. Veamos quién es el intendente, veamos quiénes están en cargos públicos. Si es que ella sale a desmentir con gusto voy a sacar toda la lista y estableceré las relaciones que tiene con ellos, tengo la información, debería el presidente de la República, por sanidad, por el bien del país, contarnos toda la historia, no verdades a medias”.

El legislador Segundo Chimbo (Pachakutik) afirmó que la denuncia del asambleísta Bruno Segovia es gravísima, pero que se necesita que la formalice y que primero la califique el CAL, y posteriormente abrir un expediente en el Comité de Ética.

Indicó que no existe plazo para que Segovia presente la denuncia, pero eso no lo establece la ley ni el reglamento, pero que aquí debe haber responsabilidad.

El Comité al momento procesa una denuncia en contra de la asambleísta Fernanda Astudillo (UNES), presentada por el legislador Eitel Zambrano (BAN), acusada de gestionar el pago de facturas a favor de una empresa proveedora del hospital Teófilo Dávila en Machala, provincia de El Oro. Según el cronograma el próximo 19 de abril se realizará la sesión para la calificación de pruebas. (I)