¿A qué se dedica la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional se instalará este domingo, 19 de noviembre, desde las 16:00, para conformar las quince comisiones especializadas permanentes y el Comité de Ética.Estas son integradas por los legisladores de las diferentes bancadas con base en al menos tres criterios: su formación, sus intereses y, obviamente, la negociación política. Una de las más apetecidas es la Comisión de Fiscalización y Control Político que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, “se responsabilizará de las solicitudes de enjuiciamiento político a las autoridades estatales; los casos de negativa de entrega de información solicitada por las y los asambleístas; los pedidos de fiscalización impulsados por la ciudadanía o por las y los asambleístas que la integran, cuando no competan al ámbito específico de otra comisión; y, los procesos de fiscalización que el pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa le asignen”.La norma dice que los asambleístas de la Comisión de Fiscalización no podrán integrar otras comisiones especializadas permanentes u ocasionales, el Consejo de Administración Legislativa o el Comité de Ética. Asumirán sus funciones durante dos años y no podrán ser parte de esta Comisión, en un nuevo periodo consecutivo. Tampoco podrán ser interpelantes dentro de los procesos de juicio político. De lo que se conoce de las negociaciones políticas entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC), la alianza de Gobierno ADN y otros grupos de minoría, esta comisión estará presidida por uno de los legisladores del correísmo, mientras que la vicepresidencia será para los socialcristianos.RC ha hecho pública su intención de llevar a juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, y de reactivar el que quedó por resolver contra el actual mandatario, Guillermo Lasso . Y otras bancadas hablan de interpelar a los actuales ministros de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena; y de Energía y Minas, Fernando Santos.Aparte, hay al menos una docena de juicios políticos que quedaron pendientes de trámite del periodo legislativo que se interrumpió por efectos de la muerte cruzada contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CN), el Consejo de la Judicatura (CJ) y a ministros y exministros del gobierno de Guillermo Lasso, Patricio Carrillo (Interior), Paola Flores (Mujer y Derechos Humanos), Diego Ordóñez (Seguridad), Esteban Bernal (Inclusión Social) y Bernardo Manzano (Agricultura).Esta comisión es una de las siete que no ha presentado un informe de cierre de actividades luego que se dictara la muerte cruzada. El último presidente que tuvo fue Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en agosto pasado a la salida de un mitin de su candidatura a la Primera Magistratura. (I)

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