Un día antes de ser reemplazado por Carla Mera, el 7 de junio el exdirector general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Leopoldo Quirós suscribió cuatro resoluciones que disponen la incorporación de 1.094 sujetos (organizaciones y empresas) que deberán reportar operaciones y transacciones, con el objetivo de prevenir el lavado de activos y financiamiento mediante dinero ilícito.

Dentro del listado se encuentran partidos y organizaciones políticas (283), comerciantes de joyas y metales preciosos (605), compañías que transportan valores (204) y las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. El registro de estos sectores involucrados se inició el 8 de junio.

En términos generales (de acuerdo con las resoluciones 166, 167, 168 y 169), todos los sujetos están en la obligación de reportar a la UAFE la siguiente información:

  1. Operaciones y transacciones individuales o múltiples que estén valoradas en más de $ 10.000.
  2. Operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas.
  3. Las operaciones propias, nacionales e internacionales que estén valoradas por encima de los $ 10.000

Además, en caso de no haber transacciones u operaciones en los montos señalados, de todas maneras, los grupos también deben notificar a la UAFE.

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Para la presentación de los datos, los sectores deberán contar con un Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este trámite estará a cargo de un oficial de cumplimiento designado por cada entidad y registrado ante la Unidad.

En el caso de los comerciantes de metales, la disposición involucra a las empresas que tengan concesiones mineras, que realicen extracción y comercialización de metales preciosos y/o piedras preciosas, las que procesen metales preciosos, aquellas que realicen importación y exportación de metales, y las que fabrican y comercializan joyas y/o piedras preciosas.

También atañe a las personas naturales dedicadas a la importación y exportación de metales preciosos, las que vendan piedras preciosas al por mayor, quienes producen perlas labradas y los que fabriquen y comercialicen joyas al por mayor.

Para las organizaciones y partidos políticos el plazo para la primera presentación de los reportes es de hasta 60 días a partir de la publicación de la Resolución 166 en el Registro Oficial, la cual todavía no se cumple. El Consejo Nacional Electoral (CNE) supervisará el cumplimiento de las disposiciones sobre lavado de activos y financiamiento de delitos.

Carla Mera Proaño es la nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)

Los demás sujetos tendrán hasta 90 días para empezar a cumplir con los reportes. Todos los involucrados en las cuatro resoluciones pueden obtener el código de registro en la UAFE en un lapso de 30 días, desde que las normativas sean publicadas en el Registro Oficial.

La UAFE sostiene que este proceso se enmarca en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, así como en el Código de la Democracia, y en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Marcelo Espinel, abogado y director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, comentó que la resolución sobre las organizaciones y partidos políticos, si bien es positiva, llega tarde, considerando que la obligación fue incluida en las reformas del Código de la Democracia, el año pasado.

“Esto nos permite seguir aumentando el ecosistema de transparencia que existe en el país, considerando que la génesis de la corrupción está en el financiamiento de la política. No veamos únicamente a este financiamiento como la oportunidad de lavar dinero, sino también de generar ciertas condiciones que ponen en compromiso a los futuros gobernantes al momento de decidir a quiénes asignan contratos de obra o servicio, para devolver este favor de financiamiento”, reflexionó Espinel.

En la Bolsa de Valores de Quito observan con anuencia la disposición. César Robalino Aguirre, gerente general de la entidad, mencionó: “Vemos con beneplácito la nueva resolución, la cual fue solicitada con anterioridad, y daremos cumplimiento estricto a la misma”.

Robalino anotó que la expedición de esta resolución viabiliza el esquema de entrega de información previsto en la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

Las empresas del sector minero evalúan la normativa y, de momento, no existe un pronunciamiento por parte de la Cámara de Minería del Ecuador.

El economista David Castellanos, exintendente de riesgos de la Superintendencia de Bancos, señaló que todas las actividades económicas deberían estar obligadas a entregar información a la UAFE. “Esto es positivo y va a permitir, de alguna forma, sincerar y establecer condiciones de mayor formalidad, que es lo que necesita la economía ecuatoriana”, dijo. (I)